El proyecto norteamericano del Gran Oriente Próximo ya ha echado a andar. En la reunión del G-8 celebrada estos días en Sea Island, Estados Unidos ha expuesto un ambicioso plan de reformas políticas y económicas destinadas a democratizar y liberalizar el mundo árabe, medidas que, por sí solas, se espera que contribuyan a frenar el avance de los movimientos islamistas radicales. Ya en un discurso pronunciado el 26 de febrero de 2003 ante el Instituto de Empresa Americano, el presidente Bush señaló como una de sus prioridades en el mundo árabe “una reforma interna, una mayor participación política, la apertura económica y el libre comercio”. Si el objetivo de este plan parece claro y es compartido por otros países occidentales, los medios propuestos para alcanzarlo en cambio denotan una extraordinaria ingenuidad.
En términos generales se trata de recuperar el esquema establecido en Helsinki en 1975 para promover las libertades en los países de la Europa del Este y, de esta manera, alejarlos del bloque soviético. Muchos analistas interpretan que este modelo no es válido para el mundo árabe y que debería haber tenido en cuenta que no existen demasiados paralelismos entre la Europa del Este de ayer y el Oriente Próximo de hoy en los planos político, social o económico. Además, la traumática relación histórica entre Occidente y Oriente provoca que el proyecto sea percibido como un nuevo pretexto para estrechar el intervencionismo en esta zona de gran importancia geoestratégica. Al detenerse en el asunto, el príncipe Saud al-Faysal, ministro de Asuntos Exteriores saudí, resumía los temores compartidos por muchos de sus paisanos –“El mundo árabe necesita una reforma, pero no acepta una repetición del pasado colonial”– e incidía en la necesidad de que las reformas sean fruto de un proceso evolutivo interno y no de una imposición externa.
No se ha de pasar por alto que, en el caso de llevarse a la práctica, dicho proyecto supondría un giro de 180 grados respecto a la política exterior estadounidense del último medio siglo. La política exterior en Oriente Próximo ha tenido dos grandes pilares: el respaldo sin fisuras a Israel (que no puede considerarse un modelo a imitar, por su larga ocupación de los palestinos) y el apoyo a las monarquías conservadoras (que, en términos generales, han demostrado poco interés por defender los derechos humanos más elementales).
Nadie duda que Estados Unidos se juega mucho con este plan, aunque quizás no haya elegido la herramienta más idónea. Las dudas son razonables si tenemos en cuenta los errores garrafales cometidos en la posguerra iraquí. Los trágicos enfrentamientos de los últimos meses en Irak evidencian hasta qué punto era poco realista el escenario previsto por la Administración de Bush antes de intervenir en el país. Los ahora tan denostados estrategas neoconservadores creían factible crear un efecto dominó por el cual la instauración de un gobierno democrático en Bagdad acabaría por generar una serie de transformaciones políticas inmediatas en Damasco y Teherán, así como en otras capitales más distantes como Riad o El Cairo.
No obstante, la principal laguna del proyecto del Gran Oriente Medio es la ausencia de referencias al conflicto palestino-israelí. Así, la Administración de Bush pone de manifiesto una vez más su inquebrantable respaldo a Ariel Sharon, quien confía en que su política de hechos consumados (construcción del Muro de Separación, anexión israelí ‘de facto’ de buena parte del territorio ocupado y estrangulamiento de la población palestina) acabe con las ambiciones nacionales palestinas e imposibilite la aparición de un nuevo Estado entre Israel y Jordania.
De esta manera, la Administración de Bush pasa por alto el efecto benéfico que en el proceso de democratización del mundo árabe podría tener la solución justa y duradera del problema palestino. Como dijera el intelectual egipcio Saad Eddin Ibrahim al abordar este sujeto, “Para avanzar en la democratización sería igualmente importante que se registrasen avances positivos en el plano regional, especialmente en lo que atañe al conflicto árabe-israelí”, ya que “un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos sería de gran importancia, no solamente a la hora de traer paz y estabilidad a la región, sino también a la hora de promover el proceso de democratización y el desarrollo de la sociedad civil en el mundo árabe”. No debería pasar desapercibido que uno de los principales argumentos que emplean los movimientos islamistas para justificar sus acciones es la sangrante herida abierta en Palestina.
Por último, es oportuno señalar que el Gran Oriente Próximo no debe considerarse un paso atrás en la Doctrina Bush, basada en la lucha sin cuartel contra el terrorismo de corte islámico, sino un nuevo eslabón de esa guerra global de incierta duración iniciada tras el 11-S. Cabe esperar que este proyecto tenga mayor éxito que el Nuevo Orden Internacional que intentó instaurar Bush padre tras la liberación de Kuwait. Muchos han advertido ya que, de llevarse a cabo las reformas políticas planteadas en el proyecto del Gran Oriente Medio, el principal beneficiario serían precisamente los movimientos de corte islamista a los que se pretende contener. Como ha destacado en más de una ocasión el intelectual israelí Shlomo Ben-Ami, el único medio de impedir la aparición de democracias islámicas es preservar las actuales dictaduras seculares.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada’ (Madrid, 2001) y editor de ‘Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta’ (Madrid, 2003).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2004; © Bakeaz, 2004. Publicado en El Correo, 15 de junio de 2004.