El martes 31 de agosto concluyó el plazo fijado por la resolución 1556 del Consejo de Seguridad para que el gobierno de Jartum diese los pasos oportunos para desactivar la crisis de Darfur. Con esta decisión, las Naciones Unidas pretendían poner fin a la catástrofe humanitaria que se vive en la tierra de los Fur, pueblo que sufre una cruenta persecución desde hace año y medio. Sobre el gobierno central de Jartum pende la amenaza de posibles medidas económicas y diplomáticas en el caso de que no desarme a las milicias de los Yanyawid, responsables de la política de ‘tierra quemada’ puesta en práctica en Darfur.
Aunque hay quienes consideran que el plazo de un mes fijado por las Naciones Unidas es insuficiente para resolver un conflicto sumamente alambicado, lo cierto es que las organizaciones humanitarias vienen insistiendo en la necesidad de que únicamente una implicación decidida de la comunidad internacional será capaz de impedir que se repitan las masacres cometidas años atrás en Ruanda. La urgencia que demanda la precaria situación no debería evitar que pasásemos por alto los orígenes de la crisis de Darfur, que, hasta el momento, ha provocado el éxodo de más de un millón de personas y la muerte de 30.000 civiles.
Desde su independencia en 1956, Sudán, como otros países africanos, no ha conocido prácticamente la paz. Su casi medio siglo de historia ha estado jalonado de enfrentamientos, el más célebre de los cuales es el que enfrenta a musulmanes y cristianos en el sur del país desde hace veintiún años. En febrero de 2003 Darfur se convirtió en el principal foco de tensión del país. En este caso, el enfrentamiento tenía como raíz la histórica animadversión que se profesan árabes y africanos, a quienes en Sudán se conoce respectivamente como “los hijos del Nilo” y “los hijos del Oeste”. Pastores nómadas árabes y agricultores sedentarios africanos han visto en los últimos años cómo sus disputas se intensificaban debido a la carestía del agua y la explosión demográfica que han agudizado el conflicto.
Para paliar el creciente avance de los árabes y denunciar el abandono que sufre la región, los Fur decidieron a comienzos de 2003 alzarse en armas. El Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento para la Justicia y la Igualdad dirigieron la revuelta contra el gobierno central, que respondió armando a las milicias de los Yanyawid, unas fuerzas paramilitares integradas por tribus árabes que desde entonces hostigan y diezman a la población negra, provocando su éxodo. Probablemente, el hecho de que el propio ejército sudanés cuente con una elevada proporción de naturales de aquella región fronteriza no sea ajeno a la decisión de armar a los árabes para evitar que las tropas regulares se pasen a las filas de los insurgentes, algo que de hecho ya ha ocurrido en varias ocasiones.
La solución de la crisis de Darfur no es sencilla. A la actitud negativa del gobierno sudanés se añade la internacionalización del conflicto. Jartum rechaza la mediación de Libia, Chad y Eritrea, a los que acusa de financiar a los insurrectos, y describe la resolución 1556 como “una declaración de guerra” que será respondida con la ‘yihad’ en el caso de que se produzca una intervención extranjera. La única mediación que considera es la ofrecida por la Unión Africana y por su actual presidente, el senegalés Obasanjo, quien intenta que se acepte el despliegue de fuerzas de paz africanas que velen por el cumplimiento del alto el fuego y desarmen a las milicias que combaten en Darfur.
El creciente interés mostrado tanto por Estados Unidos como el Reino Unido en la crisis de Darfur es visto con preocupación en el interior del país. Debe recordarse que la resolución 1556 amenaza con aplicar diversas medidas contenidas en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, como “la interrupción parcial o completa de las relaciones económicas o la ruptura de las relaciones diplomáticas”, pero no menciona la imposición de sanciones o el empleo de la fuerza armada.
Washington y Londres consideran imprescindible imponer medidas más enérgicas. Sin embargo, deberían valorarse los pros y los contras antes de dar la luz verde a una eventual intervención internacional, sobre todo si tenemos en cuenta que Estados Unidos y el Reino Unido arrastran una difícil relación con Sudán. Hemos de recordar que Inglaterra colonizó este país africano a finales del siglo XIX con el pretexto de luchar contra el tráfico de esclavos, comercio por el cual era conocida precisamente la provincia de Darfur. Por su parte, el presidente Bill Clinton, en una de las fases más tormentosas del ‘affaire’ Lewinsky, ordenó en 1998 el ataque de una fábrica farmacéutica, al considerar erróneamente que era empleada por Osama Bin Laden para fabricar armas no convencionales.
Por todo ello es indispensable que la comunidad internacional una sus fuerzas y actúe de manera inmediata para evitar el agravamiento de la crisis de Darfur. Es necesario presionar al gobierno de Jartum para que ponga fin a la política de ‘tierra quemada’ que auspicia y dé los pasos necesarios para desarmar a los Yanyawid y juzgar a los responsables de la persecución de los Fur. Sin duda una solución de tal envergadura compete a toda la comunidad internacional, pero la Unión Africana, único actor capaz de intervenir en el conflicto sin que su mediación sea considerada una injerencia y sin que sus recomendaciones sean interpretadas como un ‘diktat’ de las antiguas potencias coloniales, debe desempeñar un papel central en la desactivación de la crisis.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es editor de los libros ‘Informe del conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta’ (Madrid, 2003) y ‘España y la cuestión palestina’ (Madrid, 2003).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2004; © Bakeaz, 2004.
Publicado en El Correo, 9 de septiembre de 2004.