El pasado 28 de septiembre se cumplió el cuarto aniversario de la Intifada del Aqsa, lo que dio pie a diferentes análisis sobre sus resultados. La mayor parte de dichas lecturas se centraron prácticamente con exclusividad en la negativa evolución de las relaciones palestino-israelíes, pero pocas se detuvieron en las radicales transformaciones sufridas dentro de la escena política palestina, asunto de gran relevancia que sin duda tendrá influencia en la delimitación de la estrategia a seguir en el futuro.
A pesar de que en los últimos meses se han desarrollado diversos contactos entre el movimiento Fatah de Yaser Arafat y los islamistas de Hamas para alcanzar un alto el fuego, lo cierto es que estos cuatro años se han caracterizado por el enfrentamiento entre las dos formaciones. Ambas compiten por conquistar la primacía en la escena política y difieren tangencialmente del objetivo final de la lucha contra Israel. Las diferencias entre una y otra no son novedosas. Cuando en 1991 se inauguró la Conferencia de Madrid, Hamas aprovechó la implicación de Fatah en las negociaciones para presentarse como la defensora a ultranza de la lucha por los legítimos derechos palestinos. Mientras la participación de Fatah en el proceso de paz le permitió ganar legitimidad en el ámbito internacional, la asunción del programa nacionalista por parte de Hamas le dio una legitimidad en el ámbito interno de la que antes carecía. La instauración de la Autoridad Palestina tras la firma del primer Acuerdo de Oslo en 1993 no redujo las tensiones. Durante todo el proceso de Oslo, Fatah y Hamas defendieron posiciones diametralmente opuestas: mientras que el éxito de Oslo representaría un triunfo para Fatah, su fracaso colocaría a Hamas en una situación ventajosa.
Entre otras consecuencias, la Intifada del Aqsa provocó el fin del proceso de Oslo y el desmoronamiento de la Autoridad Palestina. En un primer momento, Fatah recuperó parte del terreno perdido frente a su tradicional rival al amparar la creación de las Brigadas de los Mártires del Aqsa, que adoptaron el tristemente célebre ‘modus operandi’ de Hamas: los atentados suicidas contra objetivos civiles israelíes. No obstante, pronto se hizo evidente que Hamas era la principal beneficiaria de la extensión de la violencia, que le permitía imponer a las otras organizaciones su programa basado en la interrupción de las negociaciones, el retorno a la lucha armada y la reunificación de las filas palestinas. En esta tarea, Hamas contó con la inestimable ayuda del gobierno de Sharon, que, al destruir la Autoridad Palestina y desacreditarla como un socio fiable en las negociaciones, dejó el terreno libre para que Hamas desplazase gradualmente a Fatah como principal fuerza política palestina.
Durante los primeros meses de la revuelta, la lucha por la primacía en la escena política palestina se acentuó. La generalización de los atentados suicidas mostró que Hamas se convertía en un modelo a imitar. En una entrevista sumamente interesante concedida por el actual responsable de Hamas a un importante medio de comunicación árabe en diciembre de 2003, Jalid Mashal interpretaba que “el principal objetivo del martirio no es matar, sino que el enemigo sionista pierda su seguridad”. Es decir, demostrar que sin un compromiso con los palestinos, Israel nunca podrá aspirar a la tan anhelada paz. La forma más elevada de ‘yihad’, según dicho dirigente, era el martirio. La aceptación de esta argumentación por parte de algunos grupos laicos palestinos mostró una vez más que la dialéctica islamista empeñada en reducir el conflicto con Israel a uno de tintes religiosos-civilizacionales ganaba cada vez más terreno.
Otra de las víctimas de la militarización de la Intifada fue la propia sociedad civil palestina. Si en la primera Intifada en 1987 había sido la protagonista de la revuelta popular y la responsable de sus éxitos a nivel internacional, en la Intifada de 2000 fue completamente marginada por las organizaciones armadas, siendo incapaz de que su tenue voz se escuchase en el fragor de la batalla. En 1987 fue la sociedad civil, con su capacidad de movilización, la que estableció la agenda de la Intifada, delimitó sus prioridades e, incluso, llegó a imponer su propio programa a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), que se vio obligada a aceptar la máxima “territorios a cambio de paz”. En el año 2000, al adquirir la Intifada una dimensión claramente militar, la sociedad civil perdió la capacidad de iniciativa, quedando arrinconada en el proceso de toma de decisiones y convirtiéndose en rehén de las milicias armadas. En esta nueva coyuntura fueron las organizaciones armadas las que ejercieron el monopolio de la resistencia e, incluso, trataron de imponer su propio programa a la Autoridad Palestina, alejándola de la mesa de negociaciones y empujándola al campo de batalla.
Cuatro años de Intifada y de represión han modificado profundamente las relaciones palestino-israelíes, y los sectores más radicales han sido los principales beneficiados. Esta situación favorece lo que el periodista israelí Ze’ev Sternhell ha descrito como la lógica “del ‘impasse’ como la solución ideal”. Mientras los palestinos dudan sobre los pasos a dar en el futuro, el gobierno de Sharon aprovecha la coyuntura para imponer su ya conocida política de hechos consumados, basada en la cantonización de los Territorios Ocupados, la intensificación de la colonización y la construcción del Muro de Separación para impedir que algún día pueda aparecer un Estado palestino.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es editor de los libros ‘Informe del conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta’ y ‘España y la cuestión palestina’.
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2004; © Bakeaz, 2004.
Publicado en El Correo, 5 de octubre de 2004.