El éxito o el fracaso del presidente Mahmud Abbas, ‘Abu Mazen’, depende, ahora más que nunca, de su capacidad para modificar la política de la Administración de Bush hacia la cuestión palestina. No cabe duda de que la visita de Abbas a la Casa Blanca el 26 de mayo representa un paso importante en el camino de la normalización de las relaciones palestino-americanas tras cuatro años de violenta Intifada, que redujeron a cenizas las esperanzas de alcanzar una paz negociada. Se trata de la primera vez en casi un lustro que un presidente norteamericano recibe a un presidente de la Autoridad Palestina, acontecimiento que debe ser saludado en la medida en que puede contribuir a reanudar las negociaciones de paz y, por ende, posibilitar el retorno de la comunidad internacional a este olvidado y enquistado conflicto.
Pese a su elevada carga simbólica, los resultados de la entrevista entre Bush y Abbas pueden considerarse limitados. Es posible incluso que, en lugar de fortalecerse, la posición de Mahmud Abbas haya salido debilitada tras la reunión con George W. Bush. El presidente palestino llegaba a la cita en una posición difícil, ya que, desde su elección el pasado 9 de enero, ha logrado diversos éxitos en el ámbito nacional que no ha sabido rentabilizar adecuadamente en la escena internacional. Es cierto que en los últimos meses los atentados y la violencia se han reducido de manera notable, después de que las organizaciones palestinas anunciasen una tregua unilateral, y también es cierto que se ha avanzado un largo trecho en el proceso de incorporación de Hamas al juego político, lo que podría acelerar el abandono de las armas por parte de esta formación islamista. Además, Abbas ha alejado el fantasma de la guerra civil que muchos agoreros anunciaban tras la muerte de Arafat y, lo que es más importante, lo ha hecho por medio del diálogo y la negociación.
Todos estos avances penden ahora de un hilo, puesto que, mientras que la Administración de Bush no parece lo suficientemente interesada en consolidar la posición de Abbas, el Gobierno israelí está haciendo todo lo posible por socavarla. Pese a los avances mencionados, el Gobierno de Sharon sigue negándose a negociar con los palestinos e intenta imponer su propia solución unilateral por medio de su política de hechos consumados, destinada a imposibilitar la creación del Estado palestino, independiente y viable que establece la resolución 1397 del Consejo de Seguridad. Esta política se basa en dos grandes líneas de actuación. En primer lugar, el plan de desconexión de Gaza, que convertirá este pequeña y superpoblada franja (1.300.000 palestinos repartidos en 360 kilómetros cuadrados) en la mayor prisión del mundo, dado que, después de la evacuación de sus 8.000 colonos, todas sus entradas y salidas seguirán estando bajo el control militar israelí. En segundo lugar, el muro de separación que se erige sobre el territorio de Cisjordania, que está recluyendo a la población palestina en cuatro cantones que apenas suman la mitad del territorio que Israel ocupa desde 1967. Así las cosas, el margen de actuación de Abu Mazen es cada vez más limitado, y, de no lograr resultados tangibles y cambios sobre el terreno en un plazo razonable de tiempo, podría empezar a ser cuestionado por aquellas mismas personas que le dieron su apoyo en los comicios de enero. Como señaló el dirigente palestino en la rueda de prensa posterior al encuentro con Bush, “El tiempo se está convirtiendo en nuestro peor enemigo. Es necesario llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
Ante esta desoladora situación, el encuentro entre Bush y Abbas había generado grandes expectativas, ya que serviría para valorar el grado de implicación que la Administración norteamericana estaba dispuesta a asumir en una eventual reanudación del proceso de paz. Un apoyo a esta opción no sólo exigía una respaldo a la gestión de Abbas, sino también la aprobación de una carta de garantías a los palestinos (similar a la que se ofreció a los israelíes el 14 de abril de 2004) en la que Washington mostrase su apoyo a la creación de un Estado palestino sobre las fronteras de 1967 y comprometiese sus esfuerzos para frenar las políticas anexionistas del Gobierno israelí. En lugar de esta opción, Abbas tan sólo ha conseguido arrancar una ayuda directa a la Autoridad Palestina de 50 millones de dólares, una alusión verbal a que “cualquier acuerdo sobre el estatuto final debe negociarse entre las dos partes y los cambios en las fronteras del armisticio de 1949 deben ser de mutuo acuerdo”, y una petición formal de congelación de la construcción de nuevos asentamientos en el entorno de Jerusalén, llamamientos que en el pasado no han conseguido modificar un ápice la política de Israel, al no ir acompañados de ningún tipo de presión sobre su tradicional aliado.
El fracaso de Abbas evidencia que la Administración de Bush ha acabado por aceptar la estrategia israelí destinada a excluir a los palestinos del proceso de paz. Hoy en día, el estatuto final de los territorios palestinos depende en exclusiva de la negociación que tiene lugar entre Israel y Estados Unidos. Así las cosas, no es de extrañar que Abbas sea cada día más cuestionado en los Territorios Ocupados, ni tampoco que Fatah, su partido, se haya visto obligado a retrasar las elecciones legislativas del 17 de julio por temor a ser derrotado por los islamistas de Hamas, quienes han sabido atraer a sus filas a buena parte de quienes se sienten frustrados por el deterioro de sus condiciones de vida y por las escasas perspectivas de alcanzar una solución negociada del conflicto.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz.
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2005; © Bakeaz, 2005. Publicado en El Correo, 8 de junio de 2005.