Hace una década, Simón Peres publicó un libro titulado ‘Oriente Medio: año cero’. El por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores israelí, artífice de los Acuerdos de Oslo, pronosticaba un futuro esperanzador para la región y se mostraba optimista ante la posibilidad de que “se instituya una nueva realidad en la que los negocios se antepondrán a la política. En último término, Oriente Próximo se unirá en un mercado común, una vez que hayamos logrado la paz”. Una vez evidenciado el rotundo fracaso de este proyecto, Ariel Sharon intenta imponer su propio plan, no menos disparatado que el anterior, que pretende convertir Gaza (la pequeña y superpoblada franja de 360 kilómetros cuadrados, donde se hacinan 1,4 millones de palestinos) en una gran prisión.
Ambos políticos israelíes, a pesar de sus notables diferencias, forman parte de la denominada ‘generación de la independencia’, formada por políticos octogenarios que fueron testigos de la creación de Israel en 1948, y comparten ciertos planteamientos, entre ellos la necesidad de imponer unilateralmente a los palestinos diferentes proyectos que tienen, como denominador común, la intención de imposibilitar la creación de un Estado palestino viable. Para ambos, el proceso de paz ha sido siempre más una cuestión de seguridad nacional que una oportunidad para reconciliarse con el pueblo palestino. Cuando, hace nueve meses, Sharon explicó las razones que le llevaban a evacuar Gaza, no aludió en ningún momento a la legalidad internacional o a las diferentes resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que, desde 1967, demandan la retirada de los territorios ocupados desde la guerra de los Seis Días. En su discurso anual en Herzliya, Sharon expuso las líneas centrales de su plan: “La desconexión reconoce de manera clara, honesta y valiente la realidad demográfica existente. Es evidente que no mantendremos el control sobre la franja de Gaza en un acuerdo futuro”.
Además, la evacuación de los 8.000 colonos de Gaza permitiría centrarse en el resto de las zonas ocupadas: Jerusalén Este y Cisjordania. Esta opción ya fue apuntada hace unos meses por Dov Weisglass, uno de los principales consejeros de Sharon, quien señaló a un importante periódico israelí: “La importancia del plan de desconexión es que congela el proceso de paz y, al hacerlo, evita el establecimiento de un Estado palestino, así como la negociación sobre los refugiados, las fronteras y Jerusalén. En realidad, todo lo que se refiere al Estado palestino, y todo lo que éste conlleva, ha sido eliminado de nuestra agenda de manera indefinida: no habrá un proceso político con los palestinos”.
Como era de esperar, la decisión ha dividido a la escena política (y al propio Likud) y ha generado resistencias dentro de la propia sociedad israelí. Aunque la salida es apoyada por más de un 55 % de la población (según recogen algunas encuestas), también es cierto que ha provocado una fuerte oposición por parte de los sectores ultranacionalistas y, en particular, el denominado ‘sionismo religioso’. Este grupo, representado por la organización Bloque de la Fe y el Partido Nacionalista Religioso, considera que los judíos tienen un derecho natural sobre la Tierra de Israel porque Dios la otorgó al pueblo elegido como ‘propiedad eterna’ (Génesis 17, 8). Es más, para estos sectores, la colonización de la integridad de Palestina no es una opción táctica, sino un requisito indispensable para acelerar la redención del pueblo judío y la llegada del Mesías. No debería pues extrañarnos que quienes así piensan llamen a la desobediencia civil e intenten impedir la evacuación mediante diferentes campañas (‘No me expulses de mi casa’ o ‘Judío no expulsa a judío’).
Una vez más, puede repetirse la situación vivida a mediados de la década de los noventa, cuando grupos radicales amagaron con una Intifada judía y llegaron incluso a poner precio a la cabeza de Isaac Rabin, que fue finalmente asesinado por un colono en 1995. Cabe preguntarse, pues, si podría repetirse de nuevo la historia. El veterano activista israelí Uri Avnery no descarta esta eventualidad, y plantea tres escenarios posibles para los próximos días: una retirada sin problemas (a pesar del ruido, las amenazas y el griterío, tal y como ocurrió con la evacuación del Sinaí), un enfrentamiento entre el Ejército y colonos extremistas que aumentaría el abismo existente en la sociedad israelí (aunque la mayoría de la población haría frente común con las Fuerzas Armadas, la institución que cuenta con mayor prestigio social) y, por último, una vuelta atrás del Gobierno, lo que implicaría, según Avnery, que “el Estado de Israel, en la práctica, capitularía ante el Estado de los colonos”.
A favor de Sharon está su experiencia, ya que él mismo fue el responsable en 1982 de la evacuación del asentamiento de Yamit en el Sinaí; en su contra están los sectores más radicales del imprevisible movimiento colono (que cuenta con simpatizantes en las filas del propio Likud), que, como en otras ocasiones, podrían lanzar una acción espectacular para impedir la evacuación. Además del asesinato de Sharon, las otras opciones barajadas por los servicios de inteligencia israelíes son un atentado contra la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén (conscientes del valor simbólico que posee para los musulmanes) y una masacre de ciudadanos árabes (como la intentada la semana pasada por un colono en Shefaram).
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es coautor del libro ‘¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí’ (Madrid, 2005).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2005; © Bakeaz, 2005.
Publicado en El Correo, 13 de agosto de 2005.