Nos sentimos vulnerables. Cuando no son los ataques terroristas internacionales, pueden ser los atentados de algunos redentores de patrias, las revueltas callejeras o simplemente la violencia ejercida dentro de los hogares, o los delitos contra la integridad laboral, y qué decir ante las infracciones homicidas en la carretera, etc. Tantas, muchas, formas de sentir la inseguridad, de gran repercusión mediática, en un mundo que expande los sucesos locales a todo el globo, a veces de manera desmesurada. Nos causa zozobra.
Cuestión distinta es cuando analizamos a fondo la seguridad. En realidad hablamos de diferentes seguridades. La población, en general, teme en primer lugar al terrorismo, sobre todo en los últimos tiempos, pero a la vez se siente amenazada por el paro y por la carestía de la vivienda, y expresa inquietud ante la inmigración y frente a la proliferación de las drogas. Aunque sus preocupaciones personales, individuales, son otras. Piensan que sus riesgos son los accidentes de tráfico (39,3%) o caer enfermo crónico (19,3%), sólo un 3,5% percibe la angustia directa de ser víctima de robo o atraco y un 4,9% de un atentado. ¿A qué seguridad nos referimos? Pues al compendio plausible de todas ellas, si queremos ser eficientes.
En los años setenta del siglo anterior, uno de los mayores expertos de la ONU, el español Manuel López-Rey, decía que “toda política criminal ha de correlacionarse con la del desarrollo social y las relaciones internacionales”. Hubo quien extremó este discurso y se llegó a decir aquello de que “el delito es culpa de la sociedad”. Algo que ya fue suficientemente rebatido por la sesuda criminología, como también se demostró que la pobreza o la desescolarización no llevan directamente a la delincuencia, aunque son fenómenos que pueden favorecer comportamientos antisociales. Así lo constató también el Foro Europeo para la Seguridad Urbana en los años noventa, y propuso la interrelación de la seguridad con las políticas sociales. La evolución de esta estrategia institucional tendría dos polos: articulación local de programas y cooperación internacional para el intercambio de experiencias y evaluación de resultados.
Estas políticas de integración de la seguridad han sido eclipsadas por la propaganda de otro tipo de intervenciones más represivas: la moda de la llamada ‘Tolerancia cero’. La realidad es que la propia experiencia norteamericana, en ciudades como Boston y Los Ángeles, demuestra que se puede reducir la delincuencia en los mismos porcentajes sin recurrir a métodos tan agresivos como los empleados en Nueva York. Los intereses publicitarios de la ideología neoconservadora y la cortedad de algunos gobernantes imitadores contribuyeron al mito ‘Giuliani’. Ésta es una materia muy seria, evitemos el populismo. Los ‘toques de queda’ no solucionan la frustración social ni favorecen la integración cívica necesaria. Igual que más disposiciones coercitivas (cámaras de TV en público, escuchas sin control judicial, etc.) no tienen por qué prevenir el terrorismo, cuando han sido medidas de ese mismo tipo las que no han evitado tantos atentados, desoyendo el viejo lema de “más de lo mismo no es la solución”. Eso sí, después de los ataques vemos las imágenes, pero el caso es, recordémoslo, impedir la ejecución de la agresión.
Podría llegarse al caso extremo de convertir la comunidad en una sociedad ‘seguritaria’ tan ambiciosa que más parecería una cárcel, y aun así no habría seguridad absoluta, como bien sabemos por los problemas de todo tipo que se dan en las prisiones. La única seguridad total se da en los cementerios, y no parece muy atractiva para los vivos. Así que podemos utilizar la inteligencia humana para vislumbrar, aplicar y experimentar políticas públicas que mejoren la protección de la sociedad, que procuren el ejercicio de derechos y libertades por parte de la ciudadanía. Es lo que propone el grupo de expertos de las Naciones Unidas, recogida su reflexión en el documento ‘Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos’ (2004).
Nada que ver con asesinatos selectivos o guerras preventivas, que a corto plazo pueden parecer eficaces, pero cuya eficiencia es claramente negativa, según la historia nos demuestra. Hemos de comprender, como dice el documento de la ONU, que la seguridad, el desarrollo económico y la libertad humana son indivisibles. “El desarrollo central del siglo XXI es plasmar un concepto nuevo y más amplio que sintetice todas esas vertientes de lo que significa la seguridad colectiva, y de todas las responsabilidades, compromisos, estrategias e instituciones concomitantes que se necesitan para un sistema de seguridad colectiva eficaz, eficiente y equitativo”. Es la propuesta para un nuevo consenso en materia de seguridad, de corresponsabilidad, de alianzas políticas basadas en la acción. Decía D. José Ortega y Gasset que “Gobernar es hacer y rehacer, minuto tras minuto, el pueblo y la ruta”. Aplicar políticas periclitadas a fenómenos criminales novedosos en sus formas es apostar por el fracaso.
Nuestra determinación institucional debiera ir hacia una política social integrada con la seguridad, sostenible en su acción. Políticas públicas en colaboración con la iniciativa privada, ineludible, que reconozcan las amenazas en todas sus dimensiones y procuren la optimización de los recursos. Luego podemos hablar, y mucho podemos decir, sobre peligros específicos, pero desde la perspectiva de una implicación colectiva que favorezca el sistema democrático, y no que, con la disculpa de la protección pública, se eliminen derechos básicos. Es posible, lo podemos demostrar, promover la seguridad pública sin menoscabo de las libertades, atender fenómenos globales a través de la implicación local, utilizando métodos contrastados como la Agenda 21 Local en seguridad. Nos dirán que lo que hace falta es más ‘ley y orden’, nos contarán cuentos, como decía León Felipe, pero la realidad es tozuda y será nuestra responsabilidad elegir las políticas adecuadas.
Teo Santos es ertzaina y miembro de Bakeaz.
© Teo Santos, 2005; © Bakeaz, 2005.
Publicado en El Correo, 13 de diciembre de 2005.