El enconado y desigual enfrentamiento que libran estos días las Fuerzas de Defensa Israelíes y los milicianos de Hezbolá no debe considerarse tan sólo una nueva guerra árabe-israelí. Para comprender todas sus implicaciones es imprescindible hacer una lectura en clave interna. Este pequeño país ha vivido, desde su independencia en 1941, en un estado permanente de tensión con la espada de Damocles pendiendo en todo momento sobre su cabeza. La razón principal ha sido una arcaica distribución de poder basada en criterios estrictamente confesionales, netamente desequilibrada a favor de la heterogénea población cristiana, aliada natural de Francia, la antigua potencia colonial, y en detrimento de la población musulmana, en particular de los chiíes.

Cuando en 1943 las diferentes fuerzas políticas libanesas alcanzaron un Pacto Nacional, tuvieron especial cuidado en que dicho acuerdo respetase el sistema de cuotas confesionales recogido en la Constitución de 1926, según el cual el presidente sería un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del Parlamento un chií. Según el pacto, los diputados deberían elegirse en una proporción de 6 a 5 para garantizar que la Cámara tuviera siempre mayoría cristiana. Desde entonces, Líbano arrastró como pudo su heterogéneo mosaico doctrinal: cristianos (maronitas, protestantes, griegos ortodoxos, católicos y maliquíes) y musulmanes (suníes, chiíes y drusos). Dicho porcentaje solamente fue alterado tras la devastadora guerra civil, modificando la proporción para que ambas confesiones tuvieran la misma representación.

Aunque ahora esté de moda en la historiografía libanesa considerar la guerra civil que devastó el país entre 1975 y 1990 como «una guerra de otros sobre territorio libanés», es evidente que no sólo Israel, la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), Siria o Irán se enfrentaron en el campo de batalla. Los contendientes libaneses luchaban tanto por cuestiones ideológicas como por la necesidad de preservar o modificar el sistema de cuotas confesionales. Los cristianos maronitas pretendían a toda costa mantener su posición privilegiada, a pesar de su pérdida de peso, motivada por la masiva emigración a las Américas; los musulmanes, tanto suníes como chiíes, porque demandaban un nuevo reparto de poder más acorde con la nueva realidad demográfica.

Es aquí donde entran en escena Israel, Irán y Siria. Tel Aviv no desistió nunca, tampoco ahora, de sus esfuerzos para instaurar un gobierno maronita amigo, que ayudase a Israel a romper su aislamiento en el océano musulmán que lo rodeaba. En 1978 y 1982, ante el avance de la OLP, que había construido un Estado dentro del propio Estado libanés, impulsó sendas campañas militares (Litani y Paz en Galilea, respectivamente) con un triple propósito: poner fin a los ataques contra el norte israelí, asestar un golpe definitivo contra el movimiento de liberación nacional palestino y, por último pero no menos importante, instaurar un gobierno sumiso en Beirut. Cuando en 1982 la OLP fue expulsada de Líbano, el primer ministro israelí Menahem Begin se reunió en secreto con el nuevo hombre fuerte de Líbano, Bashir Gemayyel, y le espetó: «Líbano debe ser cristiana como Israel es judía o Siria es musulmana».

El hecho de que el lugar dejado vacante por la OLP fuera ocupado por Hezbolá reforzó la posición de Irán, país que de hecho se encuentra detrás de su formación. La población chií había ido aumentando gradualmente su peso demográfico, cambio que no se había traducido en un mayor peso en la escena política. Para atender a las crecientes necesidades de esta población marginada y desheredada, Hezbolá, con la ayuda de Irán, estableció una red benéfica que llevaba agua, electricidad, sanidad y alimentos a las paupérrimas barriadas chiíes, muchas de ellas formadas por refugiados provenientes del sur que se habían establecido en Beirut huyendo de la ocupación israelí del sur del país. La labor de Hezbolá abrió las puertas de Líbano a Irán, que, desde la revolución islámica de 1979, intentaba a toda costa exportar su modelo revolucionario y antiimperialista, especialmente entre las poblaciones chiíes del Oriente Medio.

Por su parte, Siria nunca llegó a aceptar su condición de Estado residual tras el desmoronamiento del Imperio otomano y la repartición del Oriente Medio entre Francia y Gran Bretaña. Cuando estalló la guerra civil, Damasco consideró que había llegado el momento tanto tiempo esperado para recuperar su influencia sobre el país de los cedros y envió a 30.000 efectivos, que no abandonaron el país hasta tres décadas más tarde. Como apuntan dos reconocidos especialistas en la materia, Drysdale y Hinnebusch, «el objetivo de Hafez al-Asad no era la anexión territorial de los vecinos de Siria, sino la creación de un nuevo centro de poder regional que compitiese de manera efectiva con Egipto e Irak, sus dos mayores rivales en el escenario político árabe». La tutela siria sólo se interrumpió tras la presión internacional que siguió al asesinato del multimillonario Rafiq Hariri.

La salida de las tropas israelíes y sirias, en 2000 y 2005 respectivamente, fue en falso, porque no fue acompañada de un nuevo Pacto Nacional para reformar el arcaico sistema de cuotas, quedando los chiíes en una situación paradójica, ya que quedaban marginados en el terreno político, pero a su vez seguían conservando el poderío militar a través del control que ejercía Hezbolá sobre la zona sur. Por esta razón sigue siendo extraordinariamente complicado que el Gobierno libanés restaure su autoridad sobre el conjunto del país, tal y como reclamó la Conferencia Internacional de Roma, mientras no se acometa, de una vez por todas, la reforma de un caduco sistema de cuotas nacido hace ochenta años, en un contexto internacional completamente diferente.

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos 
de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz.

© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2006; © Bakeaz, 2006. Publicado en El Correo, 1 de agosto de 2006.