La crisis libia va camino de convertirse en un conflicto de baja intensidad de larga duración. Si bien es cierto que la intervención militar ha contribuido a evitar un auténtico baño de sangre, también lo es que no resuelve por sí sola la problemática. Más bien al contrario tiende a perpetuarla, puesto que las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad no autorizan ni el derrocamiento del dictador ni tampoco la entrada de fuerzas terrestres al país. De otra parte parece evidente que el establecimiento de una zona de exclusión aérea para proteger a la población no precipitará la caída de Gadafi, ni que el embargo de armas al conjunto del territorio libio ayudará a los rebeldes a retomar las posiciones perdidas.
Todo parece indicar que el conflicto tiende a enquistarse, lo que no beneficia en absoluto a una coalición internacional que ya ha empezado a mostrar los primeros síntomas de división. Gadafi se siente cómodo con este escenario, ya que Libia ya fue sometida en el pasado a bombardeos (como los lanzados por EE UU en 1986 contra Trípoli y Bengasi) y a sanciones (como las que estableció en 1992 el Consejo de Seguridad) sin que ello se saldase con la caída del régimen. De hecho, las resoluciones 1970 y 1973, aunque no fuera esa su finalidad, vienen a consagrar el ‘statu quo’ existente sobre el terreno. No debe olvidarse que las fuerzas progubernamentales todavía controlan la mayor parte del territorio y que el Consejo Nacional de Transición apenas extiende sus dominios a Bengasi y a unas pocas ciudades de la Cirenaica. Ante esta situación no sería de extrañar que Gadafi optase por una larga guerra de agotamiento contra los rebeldes.
Al contrario de lo ocurrido en los casos tunecino y egipcio, la comunidad internacional ha optado ahora por cortar toda escapatoria al dictador libio. Mientras que a Ben Ali y a Mubarak se les ofreció una salida honrosa, a Gadafi se le cerraron todas las puertas cuando la resolución 1970 congeló todos sus fondos en el extranjero y, más importante, reclamó que fuera juzgado por el Tribunal Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. El dictador no tiene nada que perder y sólo tiene ante sí dos opciones: presentar una resistencia numantina o morir matando.
En el corto plazo, Gadafi tratará de mantener el pulso con la comunidad internacional. Aunque hasta el momento ha habido un consenso internacional en torno a la necesidad de intervenir para proteger a la población, la situación podría variar en el caso de que la operación militar se prolongue o no consiga los resultados esperados. Debe tenerse en cuenta que los acontecimientos sobre el terreno ha dejado desfasadas las mencionadas resoluciones y que más pronto que tarde el Consejo de Seguridad deberá valorar una ampliación del marco de las operaciones, puesto que la situación actual es insostenible. De hecho, la crisis humanitaria corre el peligro de agravarse en el caso de que se siga obstaculizando la entrada de convoyes con alimentos y medicinas. En algunas ciudades, sobre todo aquellas que todavía siguen registrando combates, ya empiezan a darse casos de desabastecimiento.
El sátrapa libio intentará prolongar indefinidamente la situación actual y dividir a la comunidad internacional. En este terreno juega con ventaja, puesto que no tiene ninguna prisa al contrario que los integrantes de la coalición, que precisan resultados inmediatos. Mientras Washington intenta entonar cuanto antes el ‘misión cumplida’ y ceder la batuta de las operaciones a la OTAN, Alemania y Turquía (al contrario que Reino Unido y Francia) no tienen la intención de involucrarse en operaciones bélicas contra el ejército libio. Esta división quedará patente en el caso de que se someta a votación una nueva resolución contra Gadafi, que podría ser vetada por Rusia y China.
En cuanto a la comunidad árabe también cabe decir que empiezan a surgir las primeras fisuras. En un principio, la intervención militar fue autorizada por la Liga Árabe y aplaudida de manera entusiasta por Marruecos, Líbano, Jordania, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, todos ellos aliados de EE UU. Quienes se opusieron desde un primer momento fueron Argelia y Siria, el primero por el temor a la desestabilización de la región magrebí y el segundo por la sospecha de que dicha acción podría sentar un peligroso precedente. Tras la intervención cada vez son más numerosas las voces árabes que consideran que la coalición aliada se ha excedido en su mandato, que no le autorizaba a destruir la flota aérea libia ni tampoco a golpear a las tropas progubernamentales, como está haciendo.
Otra de las incógnitas por despejar es la capacidad real de los rebeldes para revertir la actual situación. En este sentido debe tenerse en cuenta que el Consejo Nacional de Transición está integrado por elementos sumamente heterogéneos. En él ocupan un lugar central quienes, de manera oportunista, han abandonado a Gadafi ante la previsible debacle (incluidos ex militares, ex diplomáticos y ex ministros), pero también están representados los proscritos partidos de oposición, los grupos promonárquicos, los grandes jeques tribales y, por último, los sectores islamistas. El único factor cohesionador de todos estos elementos, que comparten una escasa cultura democrática, es la voluntad de derribar a Gadafi. ¿Y después qué? Si algo empieza a estar claro es que la crisis libia está lejos de resolverse y que nos deberemos acostumbrar a un conflicto de baja intensidad durante bastante tiempo.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y miembro de Bakeaz.
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2011; © Bakeaz, 2011.
Publicado en www.escueladepaz.org, 24 de marzo de 2011.