El proceso de paz ha entrado en una nueva fase tras el anuncio formal por parte del presidente, el pasado 29 de junio, de la apertura de conversaciones con ETA. Las reacciones a dicha declaración no han hecho sino ratificar los frentes perfilados en los meses anteriores: por una parte, el Gobierno y todos los grupos parlamentarios menos el PP; por la otra, el propio Partido Popular, aislado políticamente, pero apoyado en la calle y en los medios por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por las emisoras y los diarios más cercanos a la derecha. Como suele ser habitual, se actúa como si las tomas de posición fueran previas, en función de la cercanía al Gobierno o al principal partido de la oposición, y las argumentaciones se buscaran a posteriori. Intentaremos (en éste y en dos artículos más), sin ninguna pretensión de imparcialidad ni de equidistancia, reflexionar sobre algunos de los problemas y las dudas que plantea el proceso abierto.
Quizá convenga empezar por admirar el equilibrismo político de Zapatero, capaz de incluir en la misma declaración (la ya citada del día 29) términos susceptibles de colmar las expectativas de Batasuna (el derecho de los vascos a decidir) junto a otros que garantizan el estricto respeto a la legalidad. El reconocimiento de la habilidad del presidente puede ir parejo con el escepticismo por el resultado final de tal cualidad. Con los Mundiales de fútbol aún recientes, permítasenos un símil balompédico: Zapatero en ocasiones parece comportarse como esos jugadores que, seguros de su habilidad, regatean una y otra vez al rival, pero la jugada no avanza y el público acaba por hartarse de un protagonista más pendiente de demostrar sus cualidades que de trabajar para el equipo. El magro resultado del nuevo Estatuto de Cataluña (en el sentido de que el accidentado trayecto no sólo no ha conseguido integrar al nacionalismo de ERC en el consenso, sino que ha visto apearse al PP del mismo, por no hablar de los eventuales costes para el PSC o del propio hastío de la ciudadanía) invita a preguntarse por el diseño estratégico subyacente en determinadas apuestas políticas.
Veamos algunos de los antecedentes que han conducido a este estado de cosas. El anuncio de la reunión del PSE con Batasuna fue el detonante de la ruptura por parte del PP con el Gobierno. Proclamada con los habituales tonos apocalípticos a los que nos tiene acostumbrados últimamente este partido, el ruido ha sido aprovechado para subrayar la sospecha (tampoco disparatada) de que el principal partido de la oposición sólo buscaba un pretexto para romper un proceso que no le gusta porque de él habrá de derivarse mayor gloria para Zapatero. El PP no parece haber caído en la cuenta de que lo altisonante del discurso acaba por espantar a la audiencia, incluso cuando tienen razón, que a veces ocurre, sean cuales sean las intenciones.
El caso es que en democracia las formas son importantes. En relación con ellas, no es de recibo que la apertura de conversaciones con Batasuna se anuncie a través de Patxi López en una emisión radiofónica el mismo día en que Zapatero y Rajoy comparecían en el Parlamento con motivo del debate sobre el Estado de la Nación. Si a eso añadimos que Zapatero anunció la apertura de conversaciones con ETA en un lugar tan solemne como un mitin del PSE en Baracaldo, no cabe la menor duda de que por parte del Gobierno y su partido no estamos precisamente ante un modelo de exquisitez democrática. Es seguro que el comportamiento del Ejecutivo del PP con el PSOE cuando éste estaba en la oposición no debió de ser mucho mejor, pero en una cuestión tan importante como la que nos ocupa no debe servir de excusa en modo alguno. Tampoco la actitud habitual del PP, en éste y en casi todos los temas, es un ejemplo de mesura y respeto a las posiciones ajenas, pero precisamente si se critica la falta de lealtad en el adversario político uno no debe caer en la misma si no quiere perder crédito. Hace bien el Gobierno en reiterar que la dirección de la política antiterrorista es responsabilidad suya y en pedir lealtad a la oposición, pero sus llamamientos tendrían mayor legitimidad y restarían razones a los habituales desvaríos del PP si su comportamiento fuera inapelable.
Pero, con ser importantes, las formas son secundarias respecto a la cuestión de fondo. Y es sobre ésta en torno a la que conviene reflexionar, al margen de las polémicas recurrentes y los accidentes e incidentes del proceso. Más allá de los juegos de palabras y la retórica, Zapatero cambia de forma sustancial la política antiterrorista tras su llegada al Gobierno. La renuncia expresa a toda negociación con ETA y la persecución del entramado de apoyo de la misma no son abandonadas de forma explícita, pero se van sustituyendo progresiva e implícitamente por la apertura de ciertas rendijas por las que se pretende otorgar una salida a ETA y su entorno que facilite su renuncia a las armas. El famoso precio que se está dispuesto a ofrecer a cambio incluye, sin duda, medidas para los presos que se antojan obligatorias en un proceso de estas características, y que el PP no había dudado en iniciar durante la tregua del 98, y borrosas perspectivas políticas que no sabemos hasta qué punto han sido concretadas en el largo proceso de conversaciones que Gobierno y ETA, mediante agentes interpuestos, vienen manteniendo desde hace años, según bastantes indicios.
Veamos algunas de las cuestiones en las que la iniciativa del Gobierno –no hablaremos aquí de otros actores, aunque algunos sectores de la sociedad civil y en particular de los movimientos sociales han expresado posiciones no menos confusas– se presta a un escrutinio crítico: el diálogo, el secretismo y el alcance de lo dialogable, la mesa de partidos y el papel de las víctimas.
Comencemos por el diálogo. Conviene hacer en este punto algunas precisiones no por obvias menos importantes, sobre todo porque se olvidan con gran facilidad (y casi siempre a conveniencia propia). Dialogar no es ningún delito, se haga con quien se haga. Que un Gobierno busque vías de interlocución, tomas de temperatura o como se las quiera llamar no puede sorprender ni menos escandalizar a nadie; no ya porque se haya hecho reiteradas veces, sino sobre todo porque el problema derivará de los eventuales acuerdos o compromisos que se alcancen en ese diálogo, no de la conversación en sí misma. Como bien señaló Jáuregui, además el País Vasco es muy pequeño, casi todo el mundo se conoce y ¿quién puede impedir conversaciones de familiares, amigos o vecinos?
El problema es, obviamente, lo que pueda derivar de esas conversaciones. Y en este terreno sólo nos podemos mover a partir de hipótesis más o menos fundadas, ya que el hermetismo de los supuestos signatarios de los supuestos acuerdos es absoluto. Cabe deducir de la marcha de los acontecimientos que el Gobierno y ETA han pactado una cierta hoja de ruta, siempre provisional y sujeta a múltiples posibles avatares, con suficientes cabos sueltos como para que el proceso tenga un anclaje muy inestable, lo cual probablemente sea inevitable. Si a eso se le añade la necesidad de contar con agentes, como el PP, que están al margen de la ‘cocina’, tenemos una idea de lo complejo del proceso. De este panorama se deduce una pregunta clave: ¿ha hecho bien el Gobierno en iniciar un proceso con ETA y sus acólitos sin contar con el primer partido de la oposición? La verdad es que el Gobierno siempre puede aducir que con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, y que cualquier amago de información al PP de forma previa a los pasos previstos por el Gobierno podía haber supuesto simple y llanamente echar por tierra cualquier posibilidad de intentar la apertura del proceso. Ante eso, podían caber dos opciones: la escogida, es decir, iniciarlo con la convicción de que la inercia de los acontecimientos obligará a los populares a sumarse al carro bajo la amenaza de ser presentados como enemigos de la paz, o esperar a tiempos más serenos para iniciar movimientos de este calado. La opción escogida por el Gobierno es sumamente complicada y, además, implica la sospecha, que cada vez es más certeza, de que hay numerosos elementos secretos que alimentan todos los recelos. ¿Es imprescindible el secretismo?
Javier Merino y Jesús M.ª Puente son historiadores y miembros de Bakeaz.
© Javier Merino y Jesús M.ª Puente, 2006; © Bakeaz, 2006.
Publicado en El Correo, 10 de agosto de 2006.