Si quisiéramos referirnos a la necesaria tensión entre prudente reserva y transparencia informativa, y al alcance de los contenidos del diálogo, es razonable pensar que nadie puede pedir a un gobierno, o a sus emisarios, que anuncien ‘urbi et orbi’ las reuniones que mantienen con personas vinculadas a un grupo terrorista. Pero un gobierno tiene la obligación de informar de aquellos acuerdos que alcanza, sea quien sea el interlocutor. Si no es posible hacer públicos unos pactos que van a condicionar de forma decisiva el futuro debido a la naturaleza del interlocutor, o al contenido de los mismos, simplemente estaremos ante un acuerdo ilegítimo (ésa fue precisamente otra de las características que ‘adornaban’ los acuerdos secretos firmados entre el PNV y ETA).

Ello explica en parte la paradoja en que nos encontramos en estos momentos. Si es posible anunciar en el Congreso de los Diputados la apertura de conversaciones con la propia banda terrorista, con un orden del día que se puede presuponer sin mucho esfuerzo (disolución de la organización, entrega de las armas, futuro de los presos), ¿por qué no se puede anunciar con claridad que se está hablando, y decir de qué se está hablando, con Batasuna? Hay una respuesta a este interrogante que el Gobierno debería al menos considerar en las explicaciones que da: con Batasuna no se habla de lo que se habla con ETA. Con Batasuna se trata, además de sobre su legalización, del futuro de Euskadi, de las perspectivas que se abren tras la eventual desaparición de ETA para un posible nuevo marco político y del papel que puede desempeñar en él la llamada izquierda abertzale. Y éste es, en definitiva, el asunto en el que la actuación del Gobierno y su partido genera más dudas. Justificar la reciente reunión con Batasuna en la necesidad de convencerles de que deben legalizarse es un recurso para las ruedas de prensa, pero nada más.

¿Hay que pactar algo con Batasuna? ¿Hay que ceder algo para que todos salgamos ganando con su inclusión en el juego político? No es fácil responder afirmativamente. Quienes han despreciado sistemáticamente los derechos humanos y han hecho política, no lo olvidemos, mediante el apoyo a quienes practicaban la eliminación física del adversario, la extorsión y el miedo, no pueden esperar otra cosa que la aplicación estricta de la ley, y su inclusión en el debate político, con la población que representan, desde el momento en que se desmarquen radicalmente de todo tipo de violencia.

Para los nacionalistas, la futura mesa de partidos es la base de una Euskadi definitivamente pacificada. Razones de espacio impiden profundizar en las etiquetas lingüísticas que están adquiriendo carta de naturaleza en esta nueva fase ‘resolutoria’. Pero no es ocioso preguntarse por qué se necesita una mesa de partidos cuando existen instituciones legítimas que representan la voluntad popular y que son las que deben decidir los hipotéticos cambios legislativos que se puedan proponer. Aquí es donde una vez más el lenguaje contamina la realidad hasta deformarla y hacerla irreconocible. El ‘problema vasco’ consiste fundamentalmente en la existencia de violencia (de carácter político, obviamente), con el resultado archiconocido, pero no por ello menos terrible, de cientos de muertos y miles de heridos y personas privadas de los más elementales derechos democráticos. Eso ha sido así no por un supuesto déficit democrático, tan irreal en Euskadi como en Cantabria o en Murcia, sino por la existencia de un grupo terrorista y de un entramado importante de apoyos, tanto de carácter político como social. Causa cierto hastío repetir una vez más lo obvio: en Euskadi se vota desde 1977 con plena libertad, al menos para los nacionalistas, hay un Parlamento y un Gobierno propios con amplias competencias, el nivel de vida supera los parámetros medios vigentes en el resto de España, y la población goza de unos marcos de bienestar que para sí quisiera la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. En ese contexto, pretender que la violencia política es la expresión de un conflicto por resolver o de injusticias históricas por superar es una broma de pésimo gusto, por no decir surrealista, si se tiene en cuenta que quienes lo expresan con más vehemencia son sectores próximos a la autodenominada izquierda abertzale. No obstante, se trata sin duda de violencia política, como se cita con toda propiedad.

Este calificativo, muchas veces utilizado de forma torticera, no sólo no otorga legitimidad a la lucha armada, sino que le añade gravedad. Calificar de fascistas a ETA-Batasuna y su entorno quizá carezca de fuerza, dado que el calificativo es utilizado con demasiada frecuencia, contribuyendo así a su irrelevancia. Más si tenemos en cuenta que los mismos dirigentes de la llamada izquierda abertzale suelen denominar así a quienes se les oponen, en la clásica perversión del lenguaje que acaba por convertirlo en un medio ideológico para manipular la realidad. Pero los hechos son contumaces. La descripción fría de lo realizado por ETA en sus años de actividad armada en política tiene una definición muy clara, acuñada hace tiempo, y reservada a quienes quieren imponer sus designios mediante la eliminación física del adversario.

Naturalmente que son una parte de la sociedad vasca con la que hay que contar, como repite Patxi López incesantemente. Pero ¿hay que contar con ella para pactar un futuro de Euskadi en el que se sientan cómodos o hay que contar con ella para combatirla democráticamente, como se ha venido haciendo hasta ahora? Ésta es la cuestión que ni Zapatero ni López han hecho nada por aclarar. O, por mejor decirlo, no han aclarado de palabra, pero por sus obras empezamos a vislumbrar la respuesta. Porque, sobre todo, hay un razonamiento muy sencillo que interpela a ambos personajes desde argumentaciones suyas al menos tan reiteradas en tiempos pasados como la necesidad de contar con lo que representa la izquierda abertzale en los presentes. Sólo queremos unas palabras de Batasuna y la democracia dará todos los pasos necesarios con generosidad: rechazamos la violencia. Sólo tres palabras. ¿Por qué ya no les son exigidas?

Javier Merino y Jesús M.ª Puente son historiadores y miembros de Bakeaz.

© Javier Merino y Jesús M.ª Puente, 2006; © Bakeaz, 2006.
Publicado en El Correo, 19 de agosto de 2006.