Lo expresó la admirable Maite Pagazaurtundúa en un artículo periodístico hace unos meses: «Ya no esperamos ni una mala palabra ni una buena acción». Es difícil reflejar mejor el tratamiento que se les viene otorgando a las víctimas desde distintos sectores políticos. Por un lado, la actitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no deja lugar a dudas sobre la subordinación de su estrategia a la del PP, en un ejercicio poco edificante desde el punto de vista del respeto al conjunto de las víctimas del terrorismo. Es sabido que la AVT, por mayoritaria que pueda ser, ni reúne a todas las víctimas ni cuenta con su consenso. Que una asociación de víctimas del terrorismo se erija en ariete de una determinada política, sea cual sea, y no respete una pluralidad elemental en su seno no deja de provocar estupor. De ahí se deriva una confusión que algunas opiniones de dirigentes políticos y de medios de comunicación han contribuido a incrementar: el papel de las víctimas como tales no debe ser intervenir como agentes susceptibles de proponer y apoyar unas políticas u otras. Para eso están, como se señalaba antes, los partidos políticos y los Parlamentos. La condición de víctima merece todos los reconocimientos en el plano personal y social, pero ese estatus especial no puede ser canjeado por un plus de influencia en la esfera de las decisiones políticas generales.

Pero es que además a las víctimas no las une una concepción política determinada. Como demuestra la relación de damnificados por el terrorismo de ETA, en ella conviven ciudadanos de variados orígenes, profesiones (es verdad que algunas han sido particularmente atacadas) e ideas políticas (aunque en este caso, como es bien sabido, de los partidos no nacionalistas). Los que tienen unas ideas comunes y una determinación de imponerlas a toda costa son los verdugos. A las víctimas sólo las une el dolor y la necesidad de reconocimiento y reparación en la medida de lo posible del daño causado. No es poco, y tanto los poderes públicos como la sociedad en su conjunto debemos contribuir a la consecución de esos objetivos. Que incluyen, por supuesto, la consideración social de sus asesinos como lo que son, y, por tanto, la imposibilidad de borrar la raya que separa a víctimas de verdugos. Es decir, justo lo que no se ha hecho en España en relación con los crímenes y las violaciones de derechos humanos producidas en el franquismo.

Precisamente porque ésta es la barrera protectora que se debe trazar en relación con las víctimas es por lo que la adulación con la que se las invoca reiteradamente sólo introduce confusión. Precisamente para que la naturaleza del fenómeno quede más clara, es necesario insistir en que lo que nos une a los ciudadanos no afectados directamente por el terrorismo (es decir, la gran mayoría) con quienes sí lo han sufrido es que rechazamos la imposición de unas ideas por la fuerza, la voluntad de que en Euskadi no se obtengan objetivos políticos mediante la eliminación del adversario (o de quien tuvo la mala suerte de pasar por el sitio equivocado en un determinado momento). Es lo que debe incitar a gentes de ideas opuestas a sentir como propias las agresiones sufridas por personas con las que puede que tengamos poco en común en cuanto a sensibilidad política o social. ¿O es que como ciudadanos no hemos sentido por igual el asesinato de Gregorio Ordóñez que el de Ernest Lluch, por poner dos ejemplos entre tantos, cuyas ideas sobre la manera de afrontar el combate contra ETA eran diametralmente opuestas, y que si hoy estuvieran vivos se pronunciarían también de forma muy distinta?

A modo de conclusión de éste y de los dos artículos anteriores, queremos destacar lo siguiente. Todo el mundo da por hecho que la situación actual es fruto de una política que, combinando la persecución policial y judicial de ETA y su entramado con la movilización social, había conseguido situar a los terroristas en una posición de suma debilidad. Aprovechar esa debilidad para acelerar el final del terrorismo es una opción inteligente a la que no se deben oponer de entrada trabas basadas más en el prejuicio que en un análisis objetivo y bienintencionado.

Otra cosa es pretender que todo lo que haga el Gobierno en este terreno deba ser bendecido bajo la acusación en caso contrario de deslealtad. Ése era el tono de Aznar desde el Gobierno, y no parece muy adecuado reeditarlo. La Ley de Partidos, por ejemplo, era discutible y fue discutida, como debe suceder en democracia con las decisiones de los gobiernos. También es verdad que la lucha contra el terrorismo es una cuestión en la que es muy importante el consenso entre los partidos democráticos. Para conseguirlo, es importante que haya claridad, comunicación y coherencia por parte del Gobierno, y lealtad y renuncia a obtener beneficios partidistas por parte de la oposición.

En estos momentos no se dan estas circunstancias, lo que implica tareas pendientes para el Ejecutivo y el Partido Popular. Insistir en los errores ajenos sin considerar los propios no es el mejor camino para que todo salga bien. Pero lo cierto es que se trata de una oportunidad inmejorable para acabar de una vez con el terrorismo de ETA. Precisamente por ello y porque la oportunidad es fruto de la debilidad de ETA y del empeño de la gran mayoría de la ciudadanía vasca y española en acabar con ella, es preciso recordarlo una y otra vez, y recordárselo a ETA y a Batasuna por parte de quien tenga ocasión de hacerlo en los foros correspondientes. Porque esta constatación es la mejor garantía de que no van a imponer nada al conjunto de la ciudadanía desde el recuerdo de lo que han hecho para llegar a esto.

Javier Merino y Jesús M.ª Puente son historiadores y miembros de Bakeaz.

© Javier Merino y Jesús M.ª Puente, 2006; © Bakeaz, 2006.
Publicado en El Correo, 24 de agosto de 2006.