Ha pasado la fecha del 26 de enero, final del periodo fijado por el plan de paz de las Naciones Unidas, y tal como se temía, no se ha celebrado el referéndum de autodeterminación de la población saharaui, dada la actitud de Marruecos, que ha obstruido sistemáticamente el desarrollo del plan. Sus actuaciones son bien conocidas, por haberse difundido y probado a través de los medios de comunicación: desde bombardeos reiterados y envenenamiento de pozos de agua más allá de la línea defensiva de los muros marroquíes, hasta la represión policial de los derechos elementales de los saharauis de la zona ocupada, o las masivas movilizaciones de residentes marroquíes y deportaciones de saharauis sospechosos.

Pero frente a las voces significativas que han pedido acciones firmes contra el transgresor, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una ambigua resolución por la que se aplaza sine die el referéndum, sin mención alguna a los obstáculos habidos y a su responsable. Podía haber sido peor, ya que Marruecos ha pretendido modificar sustancialmente las condiciones del plan de paz. Para ello ha contado con el patrocinio francés y la anuencia del secretario general de la ONU, que ha roto su obligada neutralidad en aras a la eficacia de la organización. El nuevo orden internacional parece que no es de aplicación al caso saharaui. El régimen marroquí es consciente de la voluntad de independencia de los saharauis y conoce cuál sería el resultado del referéndum; por eso se viene oponiendo al mismo desde hace 16 años, incumpliendo múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU y haciendo caso omiso a las iniciativas de paz de la Organización para la Unidad Africana (OUA).

Por eso, el fracaso de este proceso de pacificación no es un hecho nuevo. A menudo se olvida que la tragedia actual del pueblo saharaui nace del rechazo marroquí al referéndum de autodeterminación dentro de los seis primeros meses de 1975, compromiso del Gobierno español ante la ONU. Tal intento fue abortado por Marruecos, que, con el apoyo de Mauritania, consiguió quebrar la política de descolonización de la ONU mediante la treta dilatoria de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y una vez que éste dictamina la inexistencia de elementos que puedan modificar la aplicación del principio de autodeterminación, Marruecos anuncia la movilización conocida por la marcha verde, consiguiendo finalmente los Acuerdos Tripartitos de Madrid en noviembre de 1975, por los que España cede la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania y abandona el territorio al margen de la legalidad internacional.

La táctica dilatoria ha dado sus resultados en el sentido de desgastar las posiciones negociadoras del Frente Polisario, que se ha visto forzado a sucesivas concesiones en torno a las modalidades de organización del referéndum. Las condiciones concretas recogen, en amplia medida, las tesis marroquíes que pueden condicionar a su favor el resultado. En concreto, la presencia militar, policial y civil marroquí, muy superior al número de votantes, reduce la credibilidad de la consulta.

Hassan II ha querido también amarrar la cuestión clave del censo de votantes. El intento de incrementar en 50.000 votantes el censo electoral español de 1974, que con las bajas se quedaría en unos 70.000, da una idea de la desfiguración pretendida. El pretexto es lo de menos. Porque, efectivamente, hay saharauis en Marruecos, pero no precisamente refugiados, sino habitantes de la región marroquí de Tarfaya, que nunca le habían pertenecido históricamente y que le fue regalada por España en 1958.

Mientras todo esto ocurre, el Gobierno español pretende “no molestar el plan de paz”. Al subordinar su política magrebí al mantenimiento de las buenas relaciones con el régimen marroquí, los riesgos del referéndum son evidentes: una victoria de las tesis independentistas debilitaría enormemente la figura de Hassan II y supondría la ociosidad de un ejército despechado, con lo que bien podría de nuevo dirigirse contra el monarca o contra Ceuta y Melilla.

De esta forma, alegando razones de Estado, se abastece de armamento al Ejército marroquí –armas empleadas contra los saharauis y contra los pesqueros canarios–, se ignoran las terribles violaciones de los derechos humanos en Marruecos y, en el caso que nos ocupa, se asiste con indiferencia a la ocupación militar del territorio del Sahara y a las obstrucciones de todas las propuestas de paz habidas. Los socialistas, al aceptar los acuerdos de Madrid, no hacen sino asumir de forma conservadora la infamia cometida por el último Gobierno franquista, que opta por la monarquía alauita, su aliado natural, frente a los revolucionarios polisarios. Pero si la actuación de éste tiene su lógica, ya que actuó movido por la solidaridad personal e ideológica con el régimen dictatorial de Marruecos, ¿en base a qué principios actúa el Gobierno socialista? Se pretende justificar una decisión que dio inicio a un cruento y fraticida conflicto, que ha provocado la mayor inestabilidad conocida en la región diciendo que no hubo otra salida para evitar el peligro de la guerra y el derramamiento de sangre española, como si el vendaval de la historia fuera el que se hubiera llevado al pueblo saharaui.

Hoy, como entonces, también existe alternativa: impugnar los acuerdos de Madrid por conculcar una norma imperativa de derecho internacional general, exigir la retirada de las tropas de ocupación marroquíes y reasumir plenamente las responsabilidades de potencia administradora –al modo como lo hizo Inglaterra en Rhodesia y Portugal en Angola–, o bien, traspasar esas responsabilidades a las Naciones Unidas. Tal alternativa conjuga principios éticos, jurídicos e intereses de Estado, ya que nada podría ser más beneficioso para España que un Estado democrático saharaui hispanófilo, al sur de un Marruecos democrático y republicano.

En la situación incendiaria que se vive en el Magreb no se debe apagar el fuego con un incendiario como Hassan II. ¿Quién después de la experiencia del sha de Irán puede pretender que el actual régimen marroquí es un baluarte contra la expansión del integrismo musulmán? Con la política de cesiones parciales (Tarfaya, Ifni, Sahara) se sabe dónde se empieza, pero nunca dónde se acaba. La tibieza y la aversión del Gobierno socialista al cambio de rumbo en la política magrebí será el núcleo de un vendaval de la historia que arrancará a sus inductores.

Fernando Urruticoechea Basozábal, economista,
es miembro de Bakeaz/Centro de Documentación y Estudios para la Paz.

© Fernando Urruticoechea, 1992; © Bakeaz, 1992.
Publicado en El Correo, 31 de enero de 1992.