Hay una razón, bien simple, que explica por qué las disputas sobre el intervencionismo humanitario siguen vivas: aunque son muchas, y muy sólidas, las quejas que con respecto a aquél pueden formularse, los problemas que lo suscitan –agresiones, genocidios, por ejemplo– proliferan por todo el planeta. El último de los que han llamado nuestra atención es el provocado por la crisis albanesa. A decir verdad, casi todas las críticas que ha levantado el intervencionismo humanitario se han visto ratificadas con lo ocurrido. Basta, si no, con preguntarse por las razones que han conducido a Italia –el principal impulsor de la operación– a intervenir en Albania. Han sido en sustancia dos: el designio de poner freno a la actividad de unos circuitos mafiosos que amenazan acaso la seguridad del Estado italiano, por un lado, y la voluntad de satisfacer las demandas de una parte significada de la opinión pública, por otro.
Y cuando se afirma que las razones han sido esas dos se está sosteniendo francamente que no es fácil apreciar de qué forma la intervención se propone, en lo hechos, ayudar a los albaneses. Por si todo lo anterior fuera poco, y como tantas veces, Naciones Unidas parece haber desempeñado un papel marginal a la hora de afrontar la crisis: han sido los grupos de presión vinculados con la Unión Europea los que han tomado cartas en el asunto.
El ejemplo albanés vuelve a alimentar la sospecha de que el principal de los problemas que acarrea el intervencionismo humanitario es la propia naturaleza de los agentes llamados a desarrollarlo. Bien puede suceder que al amparo de ese intervencionismo las grandes potencias estén encontrado un nuevo camino –acaso más benigno pero no por ello menos rechazable– para hacer valer sus intereses.
Porque los datos para sustentar lo anterior son tan irrefutables como numerosos. Uno de ellos, el primero, lo aporta la certificación de que las grades potencias actúan con mayor rapidez y rigor cuando sus intereses –económicos, estratégicos o electorales– están en juego. Ahí están, para demostrarlo, la política de Estados Unidos en el golfo Pérsico o la de Francia en los Grandes Lagos. Cuando, por el contrario, los intereses son más bien livianos, las intervenciones se aplazan o se acometen con mucha menor energía; algo de esto saben, por cierto, los bosnios.
Un segundo dato de interés lo proporcionan las reglas que, más o menos encubiertas, guían la decisión de intervenir. Podemos reducir esas reglas a tres. Conforme a la primera, se interviene, o no, según quién ha sido el responsable de la crisis; la causa de los kurdos frente a Irak fue palmariamente olvidada cuando éste era un aliado de Occidente, recuperada cuando Irak entró en colisión con el mundo occidental y de nuevo preferida en el momento en el que el responsable de las agresiones era otanizada, Turquía. De acuerdo con la segunda, la intervención se elude en aquellos casos en los que el responsable de la crisis es un Estado poderoso; aunque motivos, presuntamente, no le faltaban, a nadie se le ocurrió reclamar una intervención humanitaria en una Chechenia en la que el Ejército ruso no dejó piedra sobre piedra. La tercera regla nos obliga a recordar que las grandes potencias han apostado por lo que llamaremos una regionalización de los cascos azules, de tal suerte que los contingentes militares internacionales que acuden a Haití son estadounidenses mientras los que se despliegan en Georgia o en Tayikistán son rusos; difícil se antoja no apreciar en lo anterior un curioso e impresentable trasunto de viejo esquema de las zonas de influencia.
Agreguemos una observación más, la tercera: a pocos se les escapa que es harto frecuente que las grandes potencias tengan una responsabilidad, mayor o menor, en la gestación de los mismos conflictos que acuden a resolver. Porque ni uno solo de los grandes conflictos del momento sería lo que es si, antes o en su transcurso, las grandes potencias no hubiesen llenado de armas el escenario. Es difícil sustraerse, por añadidura, a la idea de que son muy pocas las guerras que se desarrollan al margen de unas relaciones económicas marcadas por la hondura de una escisión: la que separa al Norte del Sur. No faltan los ejemplo, en fin, de conflictos en los que han sido las grandes potencias las que, tras imposiciones sin cuento sobre los contendientes –recuérdese el embargo de armas padecido por el Gobierno bosnio– han diseñado una intervención supuestamente redentora.
Mencionemos un último hecho. A tono con lo que antes decíamos del caso albanés, ninguno de los estudios que se ocupa de estas cosas concluye que las intervenciones humanitarias han permitido garantizar de manera efectiva el vigor de los derechos humanos. La defensa de estos parece ser antes una añagaza retórica que el elemento explicativo de una compleja y delicada decisión. Por eso, y a la hora de encarar ontológicamente el problema que nos ocupa, la gran pregunta no puede ser otra que la siguiente: el remedio –la intervención– ¿es mejor, igual o peor que la enfermedad –la crisis– que pretende resolver? Sin olvidar que las generalizaciones son siempre peligrosas, parece que no faltan datos para sostener que también aquí el medicamento es a menudo peor que la enfermedad. Y lo seguirá siendo mientras se nos antoje inevitable que sean las grandes potencias las que, con sus intereses de por medio, dicten las reglas del juego.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
© Carlos Taibo, 1997; © Bakeaz, 1997.
Publicado en El Correo, 17 de mayo de 1997.