Parece ilícito alimentar la sospecha de que, pese a la retórica y los gestos, la actitud de la comunidad internacional –con los EE.UU. y la UE a la cabeza– en relación con el conflicto de Kosovo no es muy diferente a la que se hizo valer en Bosnia en 1992. Para explicar el fracaso de entonces, y en lo que a la UE se refiere, se adujo que la Política Exterior y de Seguridad Común, la PESC, se hallaba en aquel momento, desafortunadamente, en sus cimientos. La explicación llevaba implícita la sugerencia de que con el paso de los años, y desde el citado 1992, las cosas habían cambiado de manera significativa.

Hoy más bien parece que estamos obligados a concluir que los cambios han sido menores en un escenario en el que las respuestas al conflicto kosovar recuerdan poderosamente a las de un lustro atrás en Bosnia: nos encontramos ante la misma incertidumbre y ante parecidas, si no mayores, divisiones. Los EE.UU. prefieren jugar ahora al policía malo, mientras las potencias europeas asumen el rostro del bueno y Rusia sigue en su papel de adalid internacional del gobierno serbio. Todos parecen encontrar justificaciones, en fin, en las miserias ajenas.

La primera pregunta que es obligado hacerse en relación con la respuesta internacional a la creciente tensión en Kosovo es la que se interroga por las presuntas razones que inducen a tomar cartas en el asunto ahora y no antes. En un remedo de lo que ocurrió en los años iniciales del proceso de desintegración de Yugoslavia, nuestros países han observado, en relación con Kosovo, un dramático silencio desde que la condición autónoma de la región fue abolida en 1989. Tras ocho años de imprevisión con respecto a lo que podía ocurrir, y de cerrar los ojos ante lo que estaba ocurriendo, se ha abierto camino lo inevitable: una incontenible improvisación.

El mejor signo de esta última lo ofrecen las amenazas transmitidas al gobierno serbio, que muy probablemente se regocija ante las sucesivas prórrogas que han permitido suspender, o en su caso mitigar, unas medidas que producen risa. Que a estas alturas se impida que Serbia adquiera armas en los mercados internacionales no deja de tener su gracia, habida cuenta de que se trata de un país que en los hechos se autoabastece en el terreno de lo militar. Las propias sugerencias de reintroducir algunos de los elementos del embargo económico que se levantó tras el tratado de Dayton son patéticas: desde bastante tiempo atrás los empresarios serbios han aprendido a sortear los efectos de los embargos, a través, ante todo, del traslado de buena parte de sus circuitos financieros –léase mafiosos– a la parte griega de la isla de Chipre. Para cerrar el panorama, no faltan las empresas occidentales decididas a ejercer presión con la vista puesta en que sus actividades comerciales en Serbia no sean objeto de cortapisa.

También tiene su miga otra amenaza que por el momento no parece haber ido más allá: la de un eventual despliegue de contingentes militares en los países vecinos. Parece como si lo que realmente preocupase fuese la estabilidad de Macedonia y Albania, que corren el riesgo innegable de verse obligadas a acoger una riada de refugiados procedentes de Kosovo. Más de un analista malicioso ha sugerido que el conflicto kosovar en sí –la represión ejercida sobre la población civil, los propios refugiados– importa mucho menos que la estabilidad de los dos países mencionados, toda vez que suscita poco más que protestas, por airadas que éstas sean.

Por si todo lo anterior fuera poco, es obligado subrayar que en Kosovo se hacen valer dos problemas adicionales que colocan al gobierno serbio en situación infinitamente mejor que la que se revelaba en Bosnia en 1992. Por un lado, el presidente yugoslavo de estas horas, el eterno Milosevic, es un aliado decisivo de las potencias occidentales en la medida en que su apoyo es vital para que el tratado de Dayton progrese; quiere esto decir que nuestros países se lo pensarán dos veces antes de actuar con energía contra uno de sus aliados. Por el otro, las grandes potencias han asumido de buen grado que Kosovo es un “asunto interno” de Serbia, algo que, por lógica, limita sensiblemente su margen de acción. Al fin y al cabo, y pese a que ello de nada sirvió, en el caso de Bosnia existían un Estado y un gobierno internacionalmente reconocidos cuyas llamadas de socorro podían ser escuchadas. Nada de esto se manifiesta, en cambio, en el escenario kosovar.

Agreguemos, en fin, que algunos de los portavoces de nuestros gobiernos parecen reconfortados con la idea de que un elemento central para explicar la crisis actual es el incremento en el número y en la intensidad de las acciones del Ejército de Liberación de Kosovo. El argumento tiene, como es fácil comprender, una conclusión inmediata: respetaremos las acciones del gobierno serbio toda vez que éste no hace otra cosa que luchar, legítimamente, contra el terrorismo. Con estos mimbres –los de unos portavoces que prefieren ignorar cuál es la causa de fondo de la resistencia del Ejército de Liberación– se antoja complicado que la comunidad internacional digiera el conflicto de Kosovo de manera diferente a como engulló el de Bosnia-Herzegovina. Y sólo los más ingenuos, o los más cínicos, están llamados a sorprenderse al respecto.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid 
y colaborador de Bakeaz.

© Carlos Taibo, 1998; © Bakeaz, 1998.
Publicado en El Correo, 17 de junio de 1998.