El pasado mes de julio moría Hassan II, que había reinado en Marruecos durante casi cuatro décadas. Su desaparición coincidió con un proceso de transición política trascendental para el futuro del país, lo que plantea a su sucesor una situación difícil llena de incertidumbres y de obstáculos. En su primer discurso del trono (30 de julio), Mohamed VI expresó su apoyo y confianza en el primer ministro Abderramán Yussufi y se comprometió a consolidar el proceso de modernización política y económica: monarquía constitucional y pluralismo político; respeto a los derechos humanos; protección de los derechos individuales y colectivos; liberalismo económico, pero intentando reducir los niveles de pobreza y mejorar el sistema educativo. Sin embargo, no lo va a tener nada fácil.
En primer lugar, el rey y el gobierno de Yussufi tienen que encontrar una salida a la difícil situación económica que vive el país. En 1995, un informe del Banco Mundial señalaba los principales problemas: grandes bolsas de pobreza, poca diversificación productiva, ahorro e inversiones interiores insuficientes, deuda exterior muy elevada, sector público y sistema educativo ineficaces, elevados niveles de paro, escasa incorporación de la mujer al trabajo. En los últimos años, la deslocalización industrial y la inversión extranjera han provocado importantes cambios: incremento de las empresas mixtas, de la utilización de sistemas de riego por aspersión y de la maquinaria agrícola y los electrodomésticos. Hoy, un 72% de los hogares tienen televisor, un 44% frigorífico, un 21% antena parabólica, un 20% vídeo y un 12% coche, y las disparidades entre el campo y la ciudad se han acentuado. En noviembre de 1998, Yussufi presentó un programa de gobierno que pretende reformar el sistema educativo, la administración y la ley relativa al estado civil; modernizar la justicia y las cárceles; invertir en infraestructuras rurales; reestructurar las cooperativas; luchar contra el fraude y la desocupación; reducir el gasto público y la deuda; liberalizar las inversiones y el comercio; reformar la seguridad social, etc. No obstante, queda mucho camino por recorrer y la creciente polarización social y la falta de empleo pueden desembocar, como en los años ochenta, en explosiones sociales difíciles de contener.
En segundo lugar, hay que completar el proceso de modernización política introducido por la nueva Constitución de 1996, que establece el sufragio universal directo y secreto y obliga al primer ministro a dar cuenta de sus acciones ante la Cámara de Representantes. Tras la victoria electoral de 1997, el líder socialista Abderramán Yussufi formó un gobierno de centro izquierda pero tuvo que admitir la presencia, en algunos ministerios clave, de algunos hombres de confianza de Hassan II. Éste es el gobierno que ha de garantizar la transición. Ahora bien, está todavía por ver si el nuevo consenso social que representa Yussufi (las clases urbanas y liberales, los nuevos empresarios surgidos de las relaciones con Europa y del proceso de deslocalización industrial, los sectores de izquierda y universitarios, la oficialidad joven y algunos altos mandos del Ejército y los islamistas moderados) puede desplazar el antiguo consenso (la mayoría de los altos mandos del Ejército, el entorno real tradicional y los notables locales, vértices de una compleja pirámide de clientelismo político) y el viejo poder, que dispone de algunos de los resortes clave del Estado y opone graves reticencias al proceso de democratización, como demostró la dura intervención de la policía contra la manifestación de licenciados de hace un año. El apoyo real y de grandes sectores de la población pueden no ser suficientes si, al mismo tiempo, no se consigue disminuir la profunda polarización social que alimenta la emigración y proporciona argumentos al islamismo radical en los barrios marginales de las grandes ciudades y en las regiones rurales más pobres.
Por último, hay que ver cómo se resuelven dos grandes cuestiones. Por una parte, la conciencia identitaria bereber crece con fuerza en las universidades y en las regiones y barrios amazights de las principales ciudades. Hace falta encontrar una solución institucional, definitiva, justa y respetuosa, que dé satisfacción a la principal minoría lingüística y cultural del país. Por otra parte, se ha de celebrar el referéndum de autodeterminación del Sáhara occidental. Se trata de una cuestión muy delicada que puede plantear problemas con el Ejército si no se produce, en contra de las legítimas aspiraciones saharauis, una resolución favorable a los intereses de Marruecos.
Mohamed VI ha dado muestras muy claras de querer avanzar con decisión en el proceso de modernización política del reino. La más reciente y emblemática, la autorización para regresar a Marruecos concedida a Abraham Serfaty, líder del grupo Ilal Amam (Adelante), que ha padecido más de diecisiete años de cárcel y ocho de exilio forzado en Francia. En definitiva, Mohamed VI tiene ante sí una difícil papeleta y, además de la contrastada voluntad real, precisa, para salir adelante, del mayor apoyo social y político posible, incluido el de los países de la Unión Europea y, muy especialmente, de los más próximos y con mayores relaciones comerciales, humanas y financieras (Francia y España). En momentos como éstos, Europa debería prestar el máximo de ayuda posible a Marruecos, pues un proceso de desestabilización del reino la afectaría irremisiblemente.
Antoni Segura i Mas es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona y colaborador de Bakeaz.
© Antoni Segura i Mas, 1999; © Bakeaz, 1999.
Publicado en El Correo, 12 de noviembre de 1999.