Cuando decimos que las relaciones externas desarrolladas en los dos últimos decenios por los sucesivos gobiernos españoles se ajustan a una política de Estado es sencillo entender a qué nos referimos: esas relaciones se han ajustado, sin fisuras, a elementos previamente consensuados entre las principales fuerzas políticas, han adquirido, en consecuencia, una visible perdurabilidad y se han asentado en una permanente voluntad de acatamiento de las reglas del juego estatuidas por las grandes potencias occidentales. Ello ha tenido a la postre una consecuencia fundamental: es muy reducido el margen de maniobra en lo que se refiere a la introducción de cambios en una política exterior en la que han coincidido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista.
En los hechos, y en el terreno objeto de nuestra atención, Izquierda Unida ha sido la única voz disidente entre las fuerzas políticas de ámbito estatal presentes en el arco parlamentario. Claro es que el pacto recientemente suscrito por la coalición de izquierdas con el PSOE parece reducir aún más el espacio para la disensión: IU ha decidido, en los hechos, aparcar sus diferencias con el PSOE en materia de relaciones externas, algo que, por fuerza, ha contribuido a consolidar aún más –al menos ésta es la primera impresión– la política de Estado que nos ocupa.
Por si poco fuese lo anterior, hay un factor añadido. La pertenencia de España a la Unión Europea ha acabado por traducirse, como era inevitable, en la aceptación de un buen número de criterios de carácter común que se suman, en su condición restrictiva de la disensión, a las consecuencias de la política de Estado invocada. Y ello es así pese a que, como se sabe, el de las relaciones externas configura un ámbito muy problemático en lo que a las políticas de la UE se refiere, algo que reflejan bien a las claras las enormes diferencias de opinión exhibidas, con ocasión del proceso de desintegración de Yugoslavia, por los estados que forman parte de aquélla. La existencia de varios miembros de la UE que optaron por posiciones más o menos neutrales al calor de la crisis kosovar del pasado año nos emplaza, sin ir más lejos, en un escenario en el que algún grado de disidencia es perfectamente imaginable.
Así las cosas, la gran pregunta que corresponde hacer es la relativa a qué margen queda para introducir cambios de algún peso en la política exterior española. Al respecto lo primero que se impone es recordar que la fuerza política que ha corrido a cargo del gobierno central en los últimos cuatro años, el Partido Popular, postula, por razones fáciles de entender, políticas claramente continuistas. La suya ha sido una apuesta consistente por un discurso retóricamente europeísta que, sin embargo, ha procurado no distanciar en un ápice las políticas reales de las avaladas por los Estados Unidos. Permítasenos afirmar con ironía que cuando la oposición parlamentaria se lamentaba, en abril de 1999, por entender que el gobierno español no ofrecía información suficiente en lo que atañe a las medidas asumidas con ocasión de la guerra en Kosovo, sus quejas olvidaban que las explicaciones correspondientes se emitían con mucha mayor probidad en Bruselas y, en particular, en Washington.
A decir verdad, tampoco parece razonable aguardar cambios significativos en las posiciones del PSOE, claramente insertas en el marco perfilado por la política de Estado que los propios socialistas se encargaron de perfilar –no lo olvidemos– entre 1982 y 1996. Encandilado desde hace veinte años por el firme propósito de demostrar que España era un aliado fiel de los Estados Unidos, y por cerrar en paralelo la ignominia de la diplomacia franquista, el partido que encabeza Almunia se halla muy lejos, en otras palabras, del designio independiente que han exhibido durante mucho tiempo las políticas exteriores defendidas por los socialdemócratas escandinavos. Pese a que las oportunidades han menudeado, no ha habido de su parte ningún coqueteo en este último sentido.
Nadie puede negar, por lo que a Izquierda Unida se refiere, que su programa primigenio es claramente rupturista con respecto a la política de Estado. Así lo demuestran su rechazo de la OTAN, la exigencia de un rápido alejamiento con respecto a los intereses e imposiciones de los Estados Unidos, sus críticas a la UE realmente existente, su recelo en lo que atañe al intervencionismo humanitario o, por citar un último dato, su apuesta por un sustancial incremento en la ayuda pública al desarrollo. Conviene subrayar, sin embargo, que Izquierda Unida ha optado por aparcar las más enjundiosas de estas demandas en el pacto recientemente suscrito con el PSOE, algo que invita a concluir que son livianas las posibilidades de que un eventual gobierno de coalición PSOE-IU asuma una política exterior, no ya rupturista con respecto a lo que ha sido común en los dos últimos decenios, sino simplemente innovadora. Sean como sean las cosas, se antoja evidente, por añadidura, que no será un miembro de IU quien asuma la cartera de Asuntos Exteriores en un posible gobierno de coalición.
A efectos de completar el panorama de las principales fuerzas parlamentarias, conviene recordar que –por falta de interés en los asuntos correspondientes o por coincidencia genérica con las posiciones asumidas por los sucesivos gobiernos centrales–, las fuerzas hegemónicas de los nacionalismos catalán y vasco se han alineado con los términos generales de la política de Estado a la que varias veces nos hemos referido.
Con este panorama, acaso es legítimo arribar a una somera conclusión: si en los años venideros se producen cambios en la política exterior desplegada por el gobierno español, esos cambios a duras penas están llamados a tener su origen en los criterios defendidos por las principales fuerzas políticas. Es mucho más sencillo que sean la consecuencia de mutaciones de uno u otro relieve en el propio panorama internacional. Con el solo propósito de llamar la atención sobre algunas posibilidades vinculadas con este último horizonte, bien puede el lector imaginar las secuelas que se derivarían de una extensión del 'modelo austriaco', de una aceleración en el proceso de ampliación hacia el este de la UE, de una creciente pujanza de la apuesta francoalemana en provecho de una defensa europea emancipada de tutelas externas o de una activa democratización en el reino de Marruecos.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
© Carlos Taibo, 2000; © Bakeaz, 2000.
Publicado en El Correo, 10 de marzo de 2000.