El informe del 6 de diciembre de 1999 del secretario general de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental fue un jarro de agua fría para los que confiaban en una pronta resolución del conflicto. En él se dice que, en las actuales circunstancias, “la perspectiva de organizar el referéndum en un plazo razonable, en lugar de aproximarse, se ha alejado todavía más. Los problemas derivados del número actual de apelaciones y de las posiciones antagónicas adoptadas por las partes […] dejan escasas posibilidades de que el referéndum pueda organizarse antes del 2002”. El último informe del 17 de febrero de este año va todavía más lejos y dice que las “posiciones adoptadas por las partes” en el tema de los recursos no permiten “fijar con exactitud la fecha del referéndum”. La resolución aprobada el 29 de febrero por el Consejo de Seguridad se hace eco de estas dificultades, prorroga el “mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de mayo del 2000” y apoya la decisión del secretario general de enviar a su enviado especial (James Baker) para intentar conciliar las posturas de Marruecos y el Frente Polisario.
La situación técnica parece, en efecto, muy embrollada. El 15 de julio de 1999, la Comisión de Identificación de la MINURSO hacía pública la lista de las 84.251 personas que habían sido declaradas aptas para participar en el referéndum. El 18 de septiembre, fecha límite para la presentación de recursos, la MINURSO había recibido 79.125, que cuestionaban o bien la no inclusión de determinadas personas en la lista definitiva de votantes o, por el contrario, la inclusión de ciertas personas. En los dos casos se solicitaba examinar los expedientes y revisar la decisión adoptada. Paralelamente, continuó la lenta y dificultosa identificación de las solicitudes correspondientes a las controvertidas agrupaciones tribales H41 (Ait Baamaran), H61 (varias del norte) y J51/52 (Idegob y otras del sur) del censo español de 1974, que finalizó el 30 de diciembre, resultando que analizadas 51.220 solicitudes sólo 2.135 personas han sido autorizadas a participar en el referéndum, lo que ha dado origen a un nuevo aluvión de recursos (a 11 de febrero se habían presentado ya 29.260). En conclusión, entre agosto de 1994 y finales de 1999 se ha procedido a la identificación de un total de 198.469 solicitudes, de lo que resulta un censo de 86.386 personas que cumplen las condiciones para participar en el referéndum, cifra que no es aceptada por Marruecos.
Marruecos inició un lento proceso de transición política tras la muerte de Hassan II. En relación con la antigua colonia española, las primeras medidas fueron la creación de una Comisión real (23 de septiembre de 1999), que incluye delegados del ejército y del gobierno y saharauis en representación de la población del territorio, el nombramiento de un nuevo embajador-coordinador ante la MINURSO (29 de septiembre) y el envío de una delegación ministerial a El Aaiún para escuchar las reivindicaciones de los estudiantes y trabajadores saharauis que se habían manifestado el pasado 22 de septiembre (en febrero de este año hubo nuevas manifestaciones de estudiantes en Agadir y Smara). Pero, sin duda, la decisión de mayor trascendencia fue la destitución, el 9 de noviembre, de Driss Basri, el hombre fuerte del régimen de Hassan II y máximo responsable hasta entonces del Ministerio del Interior y de la cuestión del Sáhara.
La situación política de Marruecos abre nuevas perspectivas a la solución del conflicto, que, sin embargo, no será fácil ni inmediata. En primer lugar, la marroquinidad del Sáhara es un principio aceptado por todo el abanico político marroquí, e incluso Abraham Serfaty, que conoció diecisiete años de prisión y ocho de exilio por defender el derecho de la población del Sáhara a celebrar un referéndum de autodeterminación, ha matizado su discurso. En segundo lugar, Rabat sabe perfectamente que el tiempo juega a su favor (el gran número de alegaciones le permite ganar más tiempo), ya que controla las ciudades y el territorio útil desde 1975. En cambio, el Frente Polisario sólo dispone de una estrecha franja de “territorio liberado”, de gran valor simbólico pero de escaso valor material, y los refugiados siguen confinados en campamentos en Tinduf (Argelia), sobreviviendo gracias a la solidaridad internacional. En tercer lugar, parece probable que Rabat intentará atraer la voluntad de los saharauis residentes en el territorio (casi la mitad de los que tienen derecho a voto) hacia sus posiciones favoreciendo su participación política en la administración del mismo, mejorando su nivel de vida con inversiones en infraestructuras y equipamientos y prometiendo un reconocimiento del hecho diferencial. Al mismo tiempo, retardará la fecha del referéndum, insistiendo en el derecho a participar de todos los que han presentado recurso. En cambio, el Frente Polisario cuenta con menos bazas si descartamos las posiciones favorables a una vuelta a la lucha armada. Debe seguir manteniendo sus legítimas reivindicaciones, denunciando las maniobras obstruccionistas de Marruecos y velando por la claridad y transparencia de las identificaciones que resulten de los recursos. Al mismo tiempo, puede intentar agudizar las contradicciones del proceso marroquí liberando a los prisioneros de guerra (cosa que ya ha hecho) y reclamando lo propio por parte de Rabat y, sobre todo, propiciando la repatriación al este del muro de contención de los 87.860 refugiados que lo han solicitado desde 1998, reclamando seguridad y libertad de movimientos al oeste del muro para que puedan visitar a sus familias y solicitando al Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que acelere el regreso definitivo con todas las garantías. Por último, desde Europa, hay que impulsar políticas de paz y hacer llegar un mensaje de solidaridad, concordia y entendimiento a las dos partes.
Antoni Segura i Mas es catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona y colaborador de Bakeaz.
© Antoni Segura i Mas, 2000; © Bakeaz, 2000.
Publicado en El Correo, 23 de mayo de 2000.