El nuevo gobierno israelí de Unidad Nacional formado el pasado 7 de marzo parece haber relegado de manera definitiva a un segundo plano las negociaciones sobre el estatuto final de los territorios autónomos palestinos. Ésta es al menos la conclusión que puede extraerse una vez conocidas las dos prioridades del nuevo gabinete: sofocar la Intifada del Aqsa que ya ha cumplido sus primeros seis meses de vida y prolongar indefinidamente el ‘statu quo’ actual, en el que la Autoridad Palestina tan sólo controla el 20% de los territorios ocupados por Israel desde 1967.
El nuevo primer ministro, el halcón Ariel Sharon, parece decidido a esquivar los asuntos centrales del conflicto y, a su cabeza, el destino de los cuatro millones de refugiados palestinos (descendientes de los 800.000 que huyeron o fueron expulsados de sus tierras en 1948). Éste es uno de los principales escollos que se interpone en el camino de la paz y pocas personas son capaces de imaginar un Oriente Medio estable y seguro sin que se resuelva este alambicado asunto.
Los palestinos demandan el cumplimiento de la resolución 194 (1948) de la Asamblea General de la ONU que reclama el retorno de los refugiados que así lo deseasen en “el menor tiempo posible” y la compensación por las propiedades perdidas para aquellos que decidiesen de manera voluntaria no regresar. Durante más de cincuenta años, el movimiento nacional palestino hizo del trinomio retorno-tierra-resistencia su ‘leit motiv’. Al firmar el Acuerdo de Oslo en 1993, la OLP abandonó la opción militar y se atrincheró en el binomio retorno-tierra defendiendo la creación de un Estado sobre Cisjordania y Gaza con capital en Jerusalén Este (algo más del 20% de la Palestina histórica), pero también el retorno de todos los refugiados.
Esta demanda choca con la oposición frontal de la sociedad israelí. Ya sean de derechas o izquierdas, askenazíes o sefardíes, ortodoxos o laicos, inmigrantes rusos recién llegados o sabras ya nacidos en Israel, la mayor parte de los israelíes interpreta que el retorno de los refugiados es innegociable. La versión oficial sobre lo acontecido en la guerra de 1948 incide en que los refugiados abandonaron sus tierras, propiedades y hogares por su propia voluntad; en definitiva: niega cualquier responsabilidad israelí en el éxodo palestino. Esta versión fue puesta en tela de juicio hace una década por los nuevos historiadores israelíes (entre ellos Benny Morris o Ilan Pappé), que, tras un minucioso trabajo en el cual examinaron numerosos documentos secretos desclasificados, consideraron que las organizaciones paramilitares y el ejército regular judío habían tenido una participación activa en la expulsión.
Para los israelíes, un retorno masivo de refugiados tendría nefastas consecuencias, ya que Israel dejaría de ser un Estado judío. Según esta teoría, su seguridad requeriría la naturalización de los refugiados en los países de acogida en los que viven desde hace medio siglo y la creación de un fondo internacional con un presupuesto de 100.000 millones de dólares destinado a pagar las indemnizaciones pertinentes. Los negociadores palestinos, aun siendo conscientes de las dificultades que generaría un retorno masivo, reclaman un regreso parcial y el reconocimiento por parte de Israel de su responsabilidad histórica en el éxodo de 1948.
En un intento de aplicar el ‘divide y vencerás’, la delegación israelí pretendió en las negociaciones desarrolladas en el mes de enero pasado que la solución del problema de los refugiados se circunscribiese a aquellos que sufren una situación más delicada. Según este planteamiento, los refugiados de Siria y Jordania deberían ser naturalizados, mientras que se intentaría buscar una salida simbólica para los 400.000 palestinos que viven en Líbano. El anterior gobierno habría aceptado admitir a la primera generación de refugiados (los nacidos antes de 1948), pero no a sus descendientes. Para éstos se barajarían diferentes opciones: una parte podría establecerse dentro de las fronteras del futuro Estado palestino, otra parte debería ser naturalizada en Líbano, mientras que a otros se les concederían permisos de residencia en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.
Tras su aplastante victoria electoral frente al candidato laborista en las elecciones del 6 de febrero (62% frente al 37% de los votos), Sharon se ha apresurado a cuestionar la estrategia negociadora de su antecesor Barak. El nuevo primer ministro ha abandonado cualquier intento por alcanzar un acuerdo definitivo y parece contentarse con un acuerdo interino que prolongue de manera indefinida la precaria situación actual de la autonomía palestina. Ante el colapso del proceso de Oslo cada vez son más las personas que reclaman unas nuevas bases de negociación que tengan en cuenta la desposesión de los refugiados y la ocupación de los territorios palestinos durante más de treinta años. Un acuerdo definitivo que ignore estos dos aspectos tan sólo instaurará una paz fría permanentemente amenazada por el estallido de nuevos conflictos, tal y como ha ocurrido desde el inicio del proceso de Oslo.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor de ‘El proceso de paz de Oriente Medio’ (Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2001; © Bakeaz, 2001. Publicado en El Correo, 29 de marzo de 2001.