Hace unos días, y en Madrid, un sindicalista serbio se mostraba plenamente convencido de que el ex presidente Milosevic acabará bien pronto ante el tribunal de La Haya, en un viaje forzado que se hará con el respaldo aquiescente, además, de la mayor parte de la ciudadanía de su país. Mucho me temo, sin embargo, que semejante visión de los hechos es –agregaré ahora que por desgracia– optimista por partida doble: si en modo alguno resulta evidente que Milosevic vaya a terminar en La Haya, menos aún lo es que el serbio de la calle se sienta satisfecho ante tal horizonte.
Lo primero que conviene precisar es que el debate sobre el procesamiento, y en su caso el traslado al exterior, de Milosevic interesa mucho menos en Serbia que entre nosotros. Si acaso ha servido como añagaza para que los dirigentes políticos disputen entre sí, con la cuestión de la soberanía nacional como transfondo. No debe olvidarse al respecto que el contencioso que nos ocupa ha generado divisiones que han afectado, sin ir más lejos, a los dos hombres fuertes del momento: mientras el presidente federal, Kostunica, parece poco propicio a colocar en La Haya a Milosevic, el primer ministro serbio, Djindjic, ha realizado declaraciones mucho más conciliadoras con las potencias occidentales. En otro plano, la defensa de Milosevic ha recaído antes sobre los hombros de los militantes de la Izquierda Unida Yugoslava, el partido liderado por la esposa del ex presidente, que sobre los propios militantes del Partido Socialista, en cuyo seno han despuntado muchas voces que parecen haber caído en la cuenta –sin duda un poco tarde– de los desmanes protagonizados por quien aún hoy dirige esa fuerza política.
Pero el interés que entre nosotros han suscitado los avatares más recientes que han rodeado a Milosevic contrasta poderosamente con la desatención que merece lo que ocurre en la propia Serbia. En relación con esta última no parece de más que invoquemos la valiosísima información que se deriva de una suerte de encuesta que Otpor, un movimiento que otrora estaba en la oposición y aún hoy mantiene relaciones tensas con el poder, acaba de realizar. En ella se reclamaba de la ciudadanía que enunciase cuáles eran sus motivos de queja con respecto a las políticas desplegadas, en los tres últimos lustros, bajo la férula de Milosevic. A duras penas puede sorprender que el memorial de agravios lo encabece una hipercrítica consideración de unas políticas económicas, las oficiales, que, merced a un capitalismo mafioso, han colocado por debajo del umbral de la pobreza a buena parte de la población. Es verdad que, junto a esa circunstancia, las quejas acostumbran a llamar la atención sobre otra: a menudo se atribuye a Milosevic la responsabilidad de haber obligado a muchos jóvenes serbios a combatir en los diferentes escenarios de batalla.
Cualquier persona sensata convendrá en que las dos apreciaciones que los encuestados han hecho suyas en tantos casos remiten a fenómenos de enjundia que en modo alguno pueden ser objeto de menoscabo. Pero sorprende, y poderosamente, que los ciudadanos que han participado en el experimento ideado por Otpor no hayan tenido a bien agregar una tercera fuente de agravios, en este caso claramente vinculada con el sufrimiento ajeno. Pocos, muy pocos, parecen ser los serbios que han decidido atribuir a Milosevic la responsabilidad que le toca en las muertes, torturas, violaciones, lesiones y sufrimientos infligidos a quienes padecieron las acciones de las milicias serbias, o en su caso de la policía y del ejército federales, en Croacia, en Bosnia y en Kosovo.
En otras palabras, el dramático desapego que la sociedad serbia sigue mostrando en lo que se refiere a lo ocurrido a los demás durante el proceso de desintegración de Yugoslavia obliga a sopesar con cautela extrema cambios que, como los verificados en los últimos meses, parecen tener un aliento menor que el que tantos auguraban. Nadie en su sano juicio se atreverá a rebajar, claro, la importancia de lo sucedido desde octubre: Milosevic, por lo pronto, ha perdido el poder, de tal suerte que son muy pocos en Serbia quienes a estas alturas están dispuestos a salir en su defensa en un escenario en el que, por añadidura, se han desvanecido muchos de los viejos aparatos y redes clientelares.
Pero, y a esto vamos, lo que ha cobrado cuerpo en sustitución del régimen de Milosevic, con líneas de continuidad poderosas con respecto al pasado, sigue dejando mucho que desear. Aunque es lícito asumir que las cosas se toman su tiempo, las señales que han ido llegando invitan a concluir que siguen siendo pocos los serbios que, como el sindicalista invocado al principio de estas líneas, son conscientes de lo que ocurrió en Croacia en 1991, en Bosnia entre 1992 y 1995, y en Kosovo desde la abolición de la condición autónoma en 1989. Mal haríamos en colegir, eso sí, que no hay ningún motivo para la queja en lo que atañe a nuestros dirigentes. Si, por un lado, el registro del tribunal de La Haya no siempre ha sido edificante –ahí está, sin ir más lejos, su designio de no abrir investigaciones sobre los bombardeos de la OTAN–, por el otro las presiones económicas ejercidas sobre las autoridades serbias para que coloquen a Milosevic en la ciudad holandesa son, de nuevo, poco estimulantes. Al fin y al cabo, mientras el Fondo Monetario recupera protagonismo en Serbia, nadie parece seriamente preocupado por la condición de miseria de tantos ciudadanos que algún motivo tienen para no olvidar cómo nuestros gobernantes coquetearon en el pasado con el dirigente político en el que hoy aprecian todas las esencias del mal.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
© Carlos Taibo, 2001; © Bakeaz, 2001.
Publicado en El Correo, 3 de abril de 2001.