La extradición de Milosevic parece llamada a dejar huellas perdurables en Serbia. La primera de ellas no es otra que la de una crisis política varios meses postergada pero siempre anunciada. Los bandos enfrentados son los aliados de unos meses atrás, con el presidente federal, Kostunica, en uno de los flancos, y el primer ministro serbio, Djindjic, en el otro. Aunque, por sus antecedentes, los dos personajes se antojan fácilmente intercambiables, lo cierto es que los perfiles respectivos han ido aquilatándose. Así, mientras Kostunica procura mantener la fidelidad de un electorado nacionalista que en buena medida le robó al propio Milosevic, Djindjic ha optado por un estilo mucho más tecnocrático en el que no faltan, sin embargo, estigmas agresivos. Cada vez parece más claro que Djindjic está ganando la partida y que espera darle la puntilla a Kostunica de la mano de un eventual proceso de secesión en Montenegro o, por qué no, de unas elecciones anticipadas

Pero el asunto Milosevic ha dejado también un pésimo legado en materia de división de poderes. La disputa correspondiente se ha desplegado en dos ámbitos diferentes. El primero es el de las legislaciones serbia y federal, que a menudo se solapan entre sí. El segundo es el de las atribuciones respectivas del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sorprende al respecto, no ya el nulo cuidado para con las formas que muestran los dirigentes políticos, sino, más aún, su escasa atención por las imágenes que proyectan. Ahí están, para testimoniarlo, el designio de agotar los plazos vinculados con el ultimátum norteamericano de marzo y con la conferencia de donantes del pasado viernes. Y ahí están, también, una ley precipitadamente forjada y un Tribunal Constitucional, el federal, cuya opinión ha sido, a la postre, ignorada. Por cierto que lo de este tribunal da que pensar: al cabo de ocho meses –la era Kostunica– apenas se han verificado en su seno sustituciones, en lo que parece una adecuada metáfora de un problema más general, cual es el de la pervivencia en sus puestos de muchos miembros prominentes del viejo régimen.

Para explicar por qué todo lo anterior no ha producido chispas incontrolables, es obligado invocar la debilidad de una sociedad civil que sigue brillando por su ausencia. Entre nosotros se han expresado muchas opiniones complacidas con la liviandad de las protestas que se han hecho valer en provecho de Milosevic. Pero hay que preguntarse si el problema no es más general y no remite a una sociedad profundamente enferma y cada vez más descreída. Habrá que seguir con atención, sin embargo, el derrotero de los hechos cuando el serbio de la calle descubra que no todo son oropeles en la ayuda occidental: por detrás de ésta despunta, sin ir más lejos, un plan de ajuste que, de nuevo, parece llamado a consolidar muchas injusticias y a permitir, en singular, el afianzamiento de buena parte de la elite mafiosa que proliferó al calor del régimen de Milosevic.

Las relaciones con los países vecinos tampoco se encuentran, en fin, en el mejor momento. El discurso nacionalista defendido por Kostunica, y ahora legitimado, mal que bien, por las potencias occidentales, no ha abierto apenas puertas en los escenarios más próximos. La desconfianza se ha renovado en Bosnia, en Montenegro y en Kosovo, mientras Serbia tomaba claro partido en Macedonia y parecía rehuir cualquier dinámica de reconsideración de muchas de las políticas desplegadas por Milosevic en el pasado. La idea de que el país sirviese de pivote y de atracción equilibradora ha demostrado ser una superstición más, de las muchas labradas, con buenas intenciones, entre nosotros.

Por detrás del último problema mencionado asoma lo principal: en Serbia nada se ha progresado en la reconsideración de las responsabilidades del régimen de Milosevic en lo que se refiere a las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo. El propio Djindjic, factotum de la entrega del otrora presidente al Tribunal de La Haya, parece entender la operación como una mera transacción económica detrás de la cual no se aprecia ningún gesto para con las víctimas de otrora. Que a las potencias occidentales todo esto les parezca aceptable sólo quiere decir una cosa: deseosas de congraciarse con las opiniones públicas propias y de devolver a la OTAN una imagen razonablemente saludable, no es mucho lo que les importan, pese a la palabrería, los derechos humanos. Para comprobarlo de manera fehaciente bastará con aguardar a que la alegría que tantos muestran en estas horas se vea refrendada a través del progreso consistente de una legislación penal internacional que trate, por fin, a todos por igual. Dados los antecedentes, sería muy ingenuo concluir, sin embargo, que Henry Kissinger y Ariel Sharon acabarán en La Haya o en alguna instancia similar.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid 
y colaborador de Bakeaz.

© Carlos Taibo, 2001; © Bakeaz, 2001.
Publicado en El Correo, 3 de julio de 2001.