Por lo que ha podido verse en los últimos días, la estrategia desplegada en La Haya por el ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, no se ajusta al designio de hacer frente, hablando en propiedad, a las acusaciones que pesan sobre su persona: crímenes de guerra y contra la humanidad en los casos de Croacia y de Kosovo, genocidio en el de Bosnia. Sabiéndose condenado de antemano, o conocedor de las escasas posibilidades que tiene de salir airoso de muchas de las acusaciones formuladas, Milosevic ha optado, sin más, por aprovechar la innegable condición política que corresponde a su juicio y pasar a una ofensiva que, aun sin depararle beneficio alguno en el terreno legal, parece llamada a alcanzar un razonable eco mediático y ejercer efectos no siempre predecibles.

En sustancia, la estrategia de Milosevic parece ajustarse a cinco líneas maestras: negar conocimiento de hechos notorios como los acaecidos en Srebrenica en 1995, subrayar que ‘los otros’ también cometieron delitos, atribuir la desintegración de Yugoslavia a agentes externos varios, señalar la activa colaboración que con su persona mantuvieron quienes hoy se empecinan en juzgarlo –al calor, ante todo, del acuerdo de Dayton y de un sinfín de conversaciones palaciegas– y poner el dedo en la llaga, en fin, de los crímenes cometidos por la OTAN en la primavera de 1999. Si la primera de esas líneas de argumentación resulta, en su generalidad, poco creíble, la segunda cuenta con datos innegables en los que asentarse pero muestra, al fin y al cabo, una implícita concesión con respecto a los pecados propios, la tercera obedece a un franco ejercicio de autoexculpación que olvida el torpedeamiento de la condición federal de Yugoslavia asumido por Milosevic y la elite dirigente en Serbia, la cuarta colocará en posición a buen seguro embarazosa a muchos dirigentes occidentales que en su momento no dudaron en darle palmaditas en el hombro al ex presidente yugoslavo, y la quinta y última tendrá por fuerza que recordarnos que a duras penas puede aceptarse que los bombardeos de la Alianza Atlántica respondieron a un exquisito propósito humanitario.

Para que nada falte en todo este embrollo, y pese a que muchos de nuestros dirigentes políticos, y muchos de nuestros líderes de opinión, prefieran olvidarlo, sobre el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia pesa un puñado de baldones. En su mayoría se antojan consecuencia de dos taras que lleva arrastrando desde su creación años atrás: el hecho de que ésta fuese el producto de una resolución del Consejo de Seguridad –y no de la Asamblea General– de Naciones Unidas y la circunstancia, estrechamente relacionada con la anterior, de que su financiación corra a cargo, casi en exclusiva, de las potencias occidentales.

Con esos dos antecedentes no puede sorprender que el trabajo del tribunal se haya visto sometido a acerbas críticas que las más de las veces apuntan, no a lo que ha hecho, sino, antes bien, a lo que ha dejado por hacer. Los ejemplos de esta triste condición son varios. Recuérdese, sin ir más lejos, que hasta nada menos que 1999 el tribunal –claramente influenciado entonces por los intereses de unas potencias, las occidentales, que se mostraban conniventes con el régimen de Milosevic– optó por no encausar a quien hoy parece el máximo responsable de la desintegración violenta de Yugoslavia. Recuérdese que la decisión de procesar a nuestro hombre se produjo, con sorprendente rapidez, en un momento, la primavera del citado año 1999, en que la noticia venía como anillo al dedo para legitimar los bombardeos de la OTAN en Serbia y Montenegro. Recuérdese que las garras del tribunal nunca alcanzaron al ya fallecido presidente croata, Franjo Tudjman, cuya responsabilidad en la desintegración de Yugoslavia no es precisamente menor. O recuérdese, en fin, la negativa del tribunal de La Haya a abrir investigaciones sobre los ya mencionados bombardeos de la OTAN en Serbia y Montenegro, frente al criterio defendido al respecto por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Parece inevitable que semejante acumulación de omisiones contribuya a mover el carro enfangador de la defensa de Milosevic. A ello se agregan, claro, los efectos de un entorno internacional, el de estas horas, que no alimenta precisamente el optimismo. Elemento central de ese entorno es la política estadounidense, dramáticamente inspirada por una lamentable doble moral. Hace casi tres años, en la primavera de 1999, Estados Unidos no dudó en ofrecer 800.000 dólares a quien proporcionase información que permitiese colocar en La Haya a Milosevic y a cuatro de sus colaboradores más directos. Tan generoso ofrecimiento era tanto más significativo cuanto que Washington se oponía entonces, y se opone ahora, a que sus ciudadanos tomen asiento ante un tribunal penal internacional para dar cuenta de presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidios. Las imágenes que han ido llegado de Guantánamo, adobadas con las sucesivas declaraciones de los responsables estadounidenses, invitan a concluir que con estos mimbres difícilmente serán sólidos los cimientos de una legislación penal internacional detrás de la cual se aprecian, por desgracia, singularísimos intereses.

Nada de lo dicho invita a rebajar un ápice –bien es cierto– las responsabilidades de Slobodan Milosevic. Quienes a estas alturas se acogen a la defensa de su figura, por considerarla víctima de un fraudulento y sesgado procesamiento, olvidan de quién estamos hablando: de un político extremadamente frío y calculador que, al margen de cualquier principio, no dudó en cometer y alentar crímenes sin cuento para preservar su condición de privilegio. No está de más que repitamos, eso sí, que en la inmoral comunidad internacional en que estamos inmersos, muchos de nuestros prohombres le han reído las gracias, sin rebozo, repetidas veces. Como se las siguen riendo a otros muchos.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid 
y colaborador de Bakeaz.

© Carlos Taibo, 2002; © Bakeaz, 2002.
Publicado en El Correo, 22 de febrero de 2002.