El presidente Arafat ha demostrado de nuevo su capacidad para sorprender a propios y extraños. Presionado por la comunidad internacional para que acometa reformas dentro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el ‘rais’ se ha sacado un conejo blanco de la chistera. Sólo de esta manera puede entenderse la convocatoria de elecciones municipales, legislativas y presidenciales probablemente antes de final de año y la ratificación de la Ley Fundamental, la Constitución provisional palestina, que llevaba cinco años sobre su mesa a la espera de este trámite necesario para su promulgación.
En su discurso del 15 de mayo ante el Consejo Legislativo reunido en la devastada Ramallah, Yaser Arafat manifestó su disposición a emprender una profunda reforma administrativa y financiera de la ANP con el objeto de paliar la debilidad endémica de esta institución. Además, el dirigente palestino anunció la reducción de efectivos y la unificación de las fuerzas de seguridad, tal y como le venía demandando encarecidamente Israel desde el inicio de la Intifada del Aqsa en septiembre de 2000.
Pero el sempiterno presidente no se detuvo aquí, sino que aceptó los consejos de la Unión Europea y Estados Unidos y dio su visto bueno a la remodelación de su gobierno, acusado de ineficacia y corrupción. El artículo 65 de la Ley Fundamental establece un máximo de 19 ministros responsables ante la Cámara, frente a los 30 existentes en la actualidad. El recambio gubernamental cuestionaría el sistema clientelar establecido por Arafat en 1996 y buscaría reemplazarlo por un gobierno de tecnócratas ágil y eficaz.
La reacción del Consejo Legislativo, compuesto mayoritariamente por diputados de Fatah –el grupo de Arafat–, ante este discurso no ha podido ser más expresiva. Por una parte, se ha congratulado de las reformas anunciadas, mientras que por otra ha aprovechado la ocasión para reclamar una clara separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial “con el propósito de rectificar los errores cometidos”.
Para ello sería necesario que el presidente palestino no se conformase con ratificar las leyes aprobadas por el Consejo Legislativo, sino que debería llevarlas a la práctica de manera efectiva para evitar que Palestina se convierta, como el resto de los países árabes, en una democracia de fachada tras la que se esconde un poder autoritario y despótico. Además, el Consejo ha insistido en que las elecciones no deben ser únicamente legislativas, sino que también han de convocarse comicios a los Consejos Municipales y las asociaciones profesionales.
Con el objeto de mostrar su sinceridad, el 29 de mayo Arafat ratificó la Ley Fundamental que el Consejo Legislativo aprobara en 1997. Esta ley fue concebida como una Constitución provisional de limitada duración, ya que únicamente estaría vigente mientras durase el período de negociaciones y sería sustituida por una definitiva tan pronto como se crease un Estado palestino soberano e independiente. El texto pretendía separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial para evitar que Arafat acumulase en sus manos demasiados poderes. Esta Ley Fundamental fue considerada por el profesor Nathan W. Brown, uno de los máximos conocedores de las constituciones árabes, como “el documento constitucional más cuidadosamente astuto y liberal de la historia árabe”, por lo cual se pueden entender las reticencias de Arafat para ratificarlo.
La convocatoria de las elecciones a finales del año 2002 culminaría esta fase de reformas. No obstante, la grave situación que padecen los palestinos como resultado del colapso del proceso de paz y de la política de ‘puño de hierro’ adoptada por el primer ministro Ariel Sharon podría pasar factura a la hora de elegir al nuevo presidente de la ANP. Según una reciente encuesta del Center for Policy and Political Research de Nablus, el respaldo de Arafat ha decrecido de manera notable en los últimos meses. Sólo un 35% de los encuestados votaría hoy al actual presidente, lo que contrasta con el 88% de los votos que obtuvo en las elecciones de 1996. Entre los rivales que le podrían hacer sombra destacan dos personalidades que han ganado peso como resultado de la Intifada: Marwan Barguti, líder de la milicia Tanzim y encarcelado en Israel a la espera de juicio, que obtiene un 19% de los apoyos entre los encuestados, y Ahmad Yasin, líder espiritual de Hamas, que obtendría un 13% de los votos si se presentase a los comicios. Pero quizás el dato más sorprendente de esta encuesta es la pésima imagen que dos de los candidatos a la sucesión de Arafat tienen entre los palestinos: Abu Ala, presidente de la Cámara, sólo obtendría un 2% de los votos, mientras que Abu Mazen, que estampó su firma en los Acuerdos de Oslo, se queda en un 1%.
Si bien nadie en su sano juicio discute el liderazgo de Arafat al frente de la ANP, las elecciones legislativas podrían registrar sorpresas en el caso de que todos los partidos palestinos decidan involucrarse en las elecciones. Los comicios de 1996 fueron boicoteados por la mayor parte de las formaciones políticas al interpretar que el Consejo Legislativo se limitaría a aplicar los Acuerdos de Oslo que muchos de estos grupos consideraban contrarios a los intereses del pueblo palestino. El nuevo escenario creado por la operación ‘Muro defensivo’ podría alentar a Hamas y a los frentes Popular y Democráticos para la Liberación de Palestina para medir sus fuerzas con Fatah.
La integración de los partidos islamistas en el juego político es un arma de doble filo, habida cuenta de otras experiencias similares en el mundo árabe. Cuando en la década de los ochenta Jordania y Egipto abrieron sus puertas a los partidos islamistas –el Frente de Acción Islámica y los Hermanos Musulmanes, respectivamente–, mostraron que gozaban de un amplio respaldo popular, lo que obligó a los gobiernos jordano y egipcio a dar marcha atrás en su proceso de aperturismo político y reformar las leyes electorales para impedir que estas formaciones volvieran a recoger tan buena cosecha. En el caso palestino, Hamas podría participar en los comicios para poner de manifiesto su peso entre la sociedad palestina, aunque es de esperar que únicamente se permita su participación en el caso de que condene con claridad la violencia y ponga término a las acciones suicidas contra civiles israelíes. Esta posibilidad podría contar con el visto bueno del gobierno israelí, que ya en 1996 intentó convencer a Hamas para que se integrase en el juego político y abandonase la vía armada.
El calado de las reformas anunciadas se irá conociendo con el transcurso del tiempo. La remodelación gubernamental, la separación de poderes, la ratificación de la Ley Fundamental y la convocatoria de unas elecciones libres y competitivas son pasos positivos para garantizar el gobierno de la ley frente a la arbitrariedad y el autoritarismo precedentes. Sólo en el caso de seguir esta senda la ANP se diferenciará de los países árabes vecinos, donde las Constituciones son meras fachadas, el multipartidismo brilla por su ausencia, las elecciones son amañadas en favor de los partidos oficialistas y los referendos populares sólo sirven para perpetuar a los gobernantes en el poder.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor de ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la Segunda Intifada’ (Madrid, Los Libros de la Catarata/Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2001).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2002; © Bakeaz, 2002.
Publicado en El Correo, 12 de junio de 2002.