La relación entre Estados Unidos y el mundo árabe ha sufrido una transformación radical desde los atentados del 11 de septiembre. Además de marcar de manera abrupta la entrada en el siglo XXI y consagrar a Estados Unidos como superpotencia mundial, el desplome de las Torres Gemelas tuvo una tercera consecuencia: enturbiar las distendidas relaciones que Washington mantenía con Arabia Saudí y Egipto.
La doctrina Bush, que guía la política exterior norteamericana desde el 11-S, interpreta que ha llegado la hora de modificar el orden establecido en Oriente Medio durante la guerra fría. Por consiguiente, Estados Unidos se reserva la posibilidad de lanzar ataques selectivos y preventivos contra aquellos objetivos que pudiesen constituir una amenaza para la estabilidad internacional, bien por su afán por desarrollar armamento de destrucción masiva (ya sea químico, bacteriológico o nuclear), bien por prestar protección a formaciones consideradas terroristas. Según esta lógica, países como Irak o Arabia Saudí podrían ser medidos por un mismo rasero. El primero, por intentar rearmarse en flagrante violación de las resoluciones de las Naciones Unidas que reclaman la eliminación de su arsenal militar; el segundo, por financiar a decenas de formaciones islamistas incluidas en la lista negra confeccionada por el Departamento de Estado americano.
La asunción de esta doctrina obligó a Estados Unidos a replantear su relación con el mundo árabe. De combatir a Osama Ben Laden y a la red Al-Qaeda en sus bases afganas se pasó a delimitar un ‘eje del mal’ encabezado por Irak que se convirtió, tras la caída de Kabul, en el principal objetivo de la guerra antiterrorista. El relativo éxito de la operación ‘Libertad duradera’, patente en la derrota del régimen talibán y el nombramiento de Karzai como presidente de Afganistán, acentuó la euforia de los denominados ‘halcones’ del gobierno de Bush, que se cifraron como próximo objetivo desalojar del poder a Sadam Hussein, acción que afianzaría la posición norteamericana en una región de vital importancia por sus abundantes reservas petrolíferas y que, al mismo tiempo, pondría fin al último símbolo del irredentismo árabe.
Además de ignorar de manera deliberada que la autoridad del dictador iraquí está sustentada por unas sólidas redes clientelares, familiares y clánicas, este planteamiento pasa por alto las posibles consecuencias que podría tener para Oriente Medio una intervención armada norteamericana. Los gobiernos árabes cercanos a Washington no sólo temen la desestabilización de sus países como resultado de eventuales demostraciones populares, que podrían ser aprovechadas por la oposición para canalizar el descontento existente debido a la generalizada ausencia de libertades. Además consideran que, tras la caída de Bagdad, la Casa Blanca podría dirigir su campaña contra ellos mismos. El ala dura de la administración norteamericana ha dado suficientes pruebas de que no se conformará con batir a los gobernantes díscolos, sino que también tiene en el punto de mira a quienes osen poner en tela de juicio la doctrina Bush.
Los estrategas del Pentágono ya han situado a Arabia Saudí como posible ‘país enemigo’ por su proselitismo religioso, y los tribunales han admitido una demanda contra varios miembros de la familia real saudí por su relación con Ben Laden. Mientras tanto, la prensa norteamericana ha emprendido una campaña contra Egipto tras la condena a siete años de prisión de Sa’d al-Din Ibrahim, un conocido defensor de los derechos humanos. Los resultados no se han hecho esperar: el capital saudí ha huido despavorido del territorio norteamericano (cerca de unos 200.000 millones de dólares, según algunas estimaciones) y los congresistas partidarios de disminuir la ayuda exterior norteamericana a Egipto (que supera los 3.000 millones de dólares anuales) son ya legión.
La utilización de argumentos tan manidos y poco novedosos como la nula voluntad democratizadora o la sistemática vulneración de los derechos humanos no ocultan las verdaderas razones que explican este enfriamiento de relaciones. Por una parte, la tibia reacción del eje El Cairo-Riad ante los ardores guerreros de Bush y su escasa disposición a respaldar una guerra que difícilmente sería comprendida por el resto del mundo árabe. Por otra parte, el creciente malestar árabe ante la carta blanca concedida a Ariel Sharon por la administración Bush para que torpedee los Acuerdos de Oslo y reduzca a cenizas cualquier esperanza de paz, retrotrayendo la región a la situación vivida hace veinte años, cuando el conflicto se resolvía en el frente de batalla y no en la mesa de negociaciones.
Al considerar a Sharon como un hombre de paz y a Arafat como un promotor del terrorismo, el presidente George W. Bush ha cruzado una línea roja imaginaria, situando la causa palestina como el cuarto integrante del ‘eje del mal’. En este contexto, no es de extrañar la indulgencia con que la Casa Blanca contempla las medidas ‘antiterroristas’ puestas en práctica por el gobierno de Sharon, basadas en el cierre a cal y canto de los territorios ocupados, la política de asesinatos selectivos y la asfixia económica, que han motivado la extensión del paro, la hambruna y las enfermedades en el curso de los dos años de Intifada. Al fin y al cabo, una nueva guerra contra Irak, y una desestabilización de Oriente Medio podrían crear el clima adecuado para que el primer ministro Sharon (que ha demostrado sobradamente saber sacar ganancias en aguas revueltas) imponga, presentándola como la solución definitiva del conflicto palestino-israelí, una solución unilateral de la cuestión palestina basada en la creación de un mini-Estado palestino sin continuidad territorial y sin soberanía real.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor de ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada’ (Madrid, Los Libros de la Catarata/Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2001).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2002; © Bakeaz, 2002. Publicado en El Correo, 11 de septiembre de 2002.