Las elecciones legislativas del 27 de septiembre en poco han contribuido a aclarar el confuso escenario político marroquí. De los datos no definitivos hechos públicos por el Ministerio del Interior se desprende que la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) pierde tirón electoral, aunque todavía continúa siendo el partido más votado (de 57 escaños en 1997 baja a 45), que el partido Istiqlal ha escalado posiciones (consigue 43 escaños frente a los 32 anteriores) y que el islamismo moderado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) ha calado hondo entre un electorado hastiado por las promesas incumplidas (de 14 escaños pasa a 38). Lejos de significar una ruptura con el pasado (como varios políticos habían aventurado), la nueva composición de la Asamblea de Representantes –Cámara baja del Parlamento marroquí formada por 325 miembros– tiende a consagrar la repartición de poder precedente y pone de manifiesto el inmovilismo en el que se ha instalado el proceso de apertura promovido por Mohamed VI tras su acceso al trono ahora hace tres años.
Como era de esperar, la USFP del primer ministro Abderrahman Yusufi ha sufrido el voto de castigo motivado por su desgaste tras cinco años al frente del denominado gobierno de alternancia creado por Hassan II para otorgar credibilidad al sistema político marroquí. Por su parte, el Istiqlal, partido surgido de la lucha por la independencia en la etapa colonial, de la mano de su líder histórico Abbas al-Fasi, resulta una de las fuerzas que registra un mayor avance debido a la coherencia de su discurso político y, no menos importante, a su aproximación a los islamistas.
A pesar del empeño puesto por el Ministerio del Interior por evitar la instrumentalización política del Islam, el segundo gran beneficiado ha sido el islamista moderado PJD de Abdelillah Benkirane, que ha triplicado su representación parlamentaria. El éxito es mayor si tenemos en cuenta que el PJD decidió previamente presentarse sólo en el 62% de las 91 circunscripciones existentes al considerar, en palabras de su líder, que “no podemos arriesgarnos a ser el primer partido del país: ni la coyuntura interna ni la coyuntura internacional nos los permitirían”. Este afán por no forzar la máquina y evitar así una ilegalización del partido ha reportado grandes beneficios a Benkirane, que ahora se cifra como objetivo constituirse en la primera fuerza política en las próximas elecciones. Curiosamente, el PJD es la formación que presentaba un mayor número de candidatos licenciados (el 81% frente al 67% de la USFP o al 55% del Istiqlal) en un país donde el analfabetismo supera el 60%. La posición de los islamistas es relativamente cómoda, dado que podrían formar parte de un gobierno de coalición (como ocurriera en 1997) o ejercer una oposición férrea a un gobierno dirigido por los socialistas.
Pero quizás el principal beneficiado de estos comicios sea el poderoso movimiento islamista Justicia y Caridad, que pidió el boicot electoral a sus simpatizantes. Según sus dirigentes, es necesario modificar la Constitución para recortar los poderes absolutistas del rey, que hoy en día tiene capacidad para interferir en las decisiones de los aparatos legislativo, ejecutivo y judicial. En opinión de Fathallah Arslan, su portavoz, nada ha cambiado tras el 27 de septiembre porque “el escenario político creado tras las elecciones es el diseñado por el Majzen [el aparato político-administrativo de gobierno]: ningún partido ha logrado la mayoría, por lo que se formará un gobierno de mosaico, o lo que es lo mismo: un gobierno débil, un gobierno que, como todo el mundo sabe, no gobierna”.
El elevado índice de abstención (cerca del 48%, según las estimaciones del Ministerio del Interior) evidencia también la apatía del electorado ante el juego político después de cuarenta años de elecciones amañadas y trucadas desde Palacio. El periódico ‘Le Monde’ señalaba poco antes de las elecciones que “el índice de participación debería indicar el grado de adhesión al proyecto de Mohamed VI”. De compartir este planteamiento, se deduce que el electorado marroquí (formado por 14 millones, de los que sólo la mitad han acudido a las urnas) tiene pocas esperanzas depositadas en las reformas auspiciadas por su rey, consideradas cosméticas y poco operativas por la mayor parte de los analistas.
La estrategia del fraccionamiento de la Asamblea de Representantes (donde tienen representación 22 partidos, pero ninguno supera los 50 escaños) puede resultar cómoda para que el Palacio siga controlando la vida parlamentaria, pero puede ser contraproducente a medio plazo, ya que da argumentos a aquellos partidos que denuncian el tutelaje de la democracia marroquí. A modo de recordatorio, cabe decir que el rey nombra al primer ministro y a los influyentes ministros de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos. El margen de maniobra de un nuevo gobierno de coalición será sin duda limitado, por lo que continuará teniendo las manos atadas para combatir las verdaderas lacras del reino: el rampante desempleo, la rémora del analfabetismo, la corrupción endémica o la marginación de la mujer. Como concluía un editorial del semanario árabe ‘al-Sahifa’, “en Marruecos se trata de preservar la monarquía como el eje en torno al cual giran el resto de las piezas. La nueva era no ha comenzado todavía”.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz.
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2002; © Bakeaz, 2002.
Publicado en El Correo, 2 de octubre de 2002.