Los ataques suicidas de Casablanca representan un peligroso salto al vacío del islamismo marroquí y sitúan bruscamente a Marruecos en el centro del huracán del terrorismo islámico. Lo que más llama la atención de estos ataques es que hasta la pasada semana Marruecos, al contrario que otros países del entorno magrebí como Argelia o Túnez, no había tenido que enfrentarse más que a esporádicos episodios de violencia y los sueños de la población de nuestro vecino sureño no habían sido turbados por las organizaciones partidarias del empleo del terror contra civiles para conseguir objetivos políticos.
Entre los factores barajados para explicar esta excepcionalidad marroquí se solía destacar el papel del monarca que detentaba el poder en el plano material, pero también espiritual debido a su condición de ‘amir al-mu’minin’ –príncipe de los creyentes– y descendiente del profeta Mahoma. Otra de las razones que solían esgrimirse para explicar esta excepcionalidad era que los grupos islamistas marroquíes, aun compartiendo un mismo objetivo con otros grupos más radicales (la necesidad de instaurar un Estado islámico regido por la ‘shari’a’ –corpus legal islámico–), hacían gala de una moderación digna de elogio en un período en el cual la violencia campaba a sus anchas por el resto del Magreb. No sólo eso, sino que además apostaban por la vía democrática –como en el caso del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que cuenta con representación parlamentaria– o por el activismo social –como en el caso de la asociación Justicia y Caridad del jeque Yasin– para intentar alcanzar sus propósitos. Esta postura adoptada por los islamistas marroquíes se debía también a que el Reino Alauí disfrutaba de un mayor grado de libertades que el resto de sus vecinos, tal y como mostraba el grado de aperturismo político visible en la madurez del sistema pluripartidista, la celebración periódica de elecciones y cierta libertad de prensa, algo inusual en otros países árabes.
Los recientes atentados suicidas muestran en toda su crudeza las profundas limitaciones de la Doctrina Bush para combatir el terrorismo internacional, ya que el derrocamiento de Sadam Hussein y la ocupación de Irak no han servido, ni mucho menos, para debilitar las redes de Al-Qaida ni tampoco para construir un mundo más seguro, como se pretendía. Más bien al contrario, han agudizado la sensación de acoso de un importante sector de la población árabe y musulmana que se considera en el punto de mira de la Administración norteamericana desde los atentados del 11-S, lo que, a su vez, ha contribuido a la extensión de los sentimientos antiamericanos. La circunstancia de que la Casa de España haya sido objeto del más sangriento de los atentados nos introduce en una nueva y peligrosa dinámica, ya que convierte los intereses españoles en un objetivo prioritario de un terrorismo islámico cada vez más ciego y mortal. La activa implicación del gobierno español en la cobertura diplomática de la guerra de Irak no es del todo ajena a esta evolución.
Los atentados han tenido lugar en un contexto particularmente complejo marcado por el retroceso generalizado de las libertades en Marruecos. El aplazamiento de las elecciones municipales, que deberían tener lugar antes del verano por temor a que se confirme el ascenso de los grupos islamistas, y la aprobación de una ley antiterrorista que, según un informe de Amnistía Internacional, “amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte y el actual plazo legal de detención en régimen de incomunicación, período durante el cual los detenidos están especialmente expuestos a sufrir torturas y malos tratos”, son tan sólo una muestra de esta involución política.
Pero quizás el aspecto más alarmante sea la condena a cuatro años de prisión del periodista Ali Lmrabet, director de los semanarios satíricos ‘Demain Magazine’ y ‘Dumane’, quien ha sido hallado culpable de los cargos de “ultraje al rey y ofensa a la monarquía”. Este hecho muestra hasta qué punto se encuentra en entredicho el proceso de reformas emprendido por Mohamed VI al ser entronizado y cómo la principal víctima de la situación podría ser la emergente sociedad civil que luchaba por abrirse paso en unas circunstancias sumamente adversas para servir de freno a la extensión del movimiento islamista. Además, el encarcelamiento de Lmrabet, uno de los periodistas independientes más perspicaces y arriesgados del mundo árabe, podría instaurar una nueva dinámica de retorno a ‘los años de plomo’, en los que la libertad de prensa estaba profundamente restringida y toda crítica a la monarquía se pagaba con una larga estancia en prisión.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada’ (Madrid, 2001) y coeditor de ‘España y la cuestión palestina’ (Madrid, 2003).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2003; © Bakeaz, 2003.
Publicado en El Correo, 23 de mayo de 2003.