Hace ahora diez años, el 13 de septiembre de 1993, los jardines de la Casa Blanca acogieron la firma de los Acuerdos de Oslo, que fueron saludados como el principio del fin del conflicto árabe-israelí y el inicio de una nueva etapa de paz en Oriente Medio. La hemeroteca nos ofrece ejemplos varios de las expectativas generadas por el histórico choque de manos entre Arafat y Rabin, líderes que han corrido desigual suerte (el primero atrapado en su refugio devastado de la Muqata y el segundo asesinado por un extremista judío). Mientras unos señalaban entonces que “israelíes y palestinos tocan la paz” (‘ABC’, 14 de septiembre de 1993) o hablaban de “histórico pacto que abre las puertas a la pacificación de Oriente Medio tras medio siglo de conflictos” (‘El Mundo’, 10 de septiembre de 1993), otros preveían “la desactivación de uno de los conflictos más agudos de este siglo” (‘El País’, 10 de septiembre de 1993).

No obstante, un puñado de analistas, tachados de extremistas y radicales, advirtió ya por aquel entonces de las carencias y limitaciones de un proceso de paz que arrinconaba las resoluciones internacionales y pretendía reemplazarlas por un difuso marco autonómico. En opinión de este reducido y denostado grupo, el fracaso de unas negociaciones basadas en los ‘diktats’ israelíes y las concesiones palestinas era una mera cuestión de tiempo. La desigual repartición de funciones entre la comunidad internacional –completa marginación de las Naciones Unidas, Estados Unidos como principal mediador entre las partes y la Unión Europea como mera benefactora económica de la Autoridad Nacional Palestina– aceleró este proceso. Tan sólo había que sentarse a esperar el inicio de las conversaciones sobre el estatuto final, en las que se pondrían sobre la mesa los asuntos más sensibles (refugiados, asentamientos, Jerusalén y fronteras) para que afloraran las irreconciliables diferencias entre las aspiraciones nacionales palestinas y el excluyente proyecto sionista.

Mientras el proceso de paz avanzaba a trancas y barrancas en los noventa, todos y cada uno de los gobiernos israelíes pusieron en práctica una política de hechos consumados destinada a consagrar su supremacía sobre el terreno, lo que contradecía de manera flagrante las promesas realizadas en Oslo. ¿Cómo podría explicarse que mientras se negociaba la cesión de competencias a la recién constituida Autoridad Palestina, Israel expropiase centenares de hectáreas del territorio palestino para construir nuevos asentamientos? ¿Y qué decir del aumento del número de colonos judíos, que pasó de 185.000 a 415.000 en la última década? Jerusalén Este fue probablemente la zona más afectada por la colonización intensiva israelí y, con Netanyahu en el poder, todos los esfuerzos se destinaron a separar físicamente la parte árabe de Jerusalén de su entorno palestino. El último ejemplo de esta política ha sido la construcción de un oprobioso nuevo Muro de Berlín que separe a palestinos e israelíes anexionando buena parte del territorio cisjordano, ante el silencio de la comunidad internacional.

Todas estas medidas han creado un nuevo escenario, caracterizado por la fragmentación del territorio palestino en centenares de islotes separados entre sí, lo que convierte en un calvario la comunicación entre las zonas ‘autónomas’. Los datos hablan por sí solos. Según un reciente informe de Amnistía Internacional, la población palestina debe pagar el desorbitado precio de esta política de hechos consumados –el 70% de los palestinos vive hoy bajo el umbral de la pobreza, mientras que las tasas de desempleo superan el 50%–, lo que es, a todas luces, una pobre contribución a la reconciliación entre los dos pueblos. Dicho informe, que lleva el expresivo título “Sobrevivir asediados”, demanda a Israel que “ponga fin a la imposición de restricciones desproporcionadas y discriminatorias a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados, que han paralizado la economía palestina y extendido la pobreza y el desempleo, y provocado un número creciente de problemas de salud”.

No menos responsabilidad en la actual situación tienen Hamas y Yihad Islámica, embarcados en una sangrienta oleada de atentados suicidas con el objeto de hacer descarriar este proceso de paz tan poco ventajoso para los intereses palestinos. Un discurso maximalista partidario de una guerra sin cuartel contra Israel se ha ido imponiendo paulatinamente dentro de estas organizaciones, en detrimento de planteamientos más pragmáticos defendidos por un sector nada desdeñable del islamismo palestino. Como consecuencia de los atentados, el campo de la paz israelí, que había confiado en que los acuerdos contribuyesen a crear un clima de confianza que permitiese algún día firmar una paz definitiva, fue perdiendo terreno hasta convertirse en una fuerza residual. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), desacreditada tras la campaña de acoso y derribo del gobierno Sharon emprendida tras el 11-S, se ha resistido hasta el momento a reprimir a los grupos armados, tal y como le exige la Administración de Bush, consciente de que esta medida desencadenaría una confrontación civil de imprevisibles consecuencias. Sin autoridad real y con su presidente confinado, la ANP se ha ido desvaneciendo lentamente, mientras que las tropas israelíes han reocupado las ciudades bajo el pretexto de garantizar la sacrosanta seguridad israelí.

Probablemente en lo único en que coincidan palestinos e israelíes es en que el proceso de Oslo, que ahora cumple diez años, ha sido desastroso y sólo ha servido para agudizar el conflicto. Lo que en su día fue prometido como un ‘nuevo orden internacional’ capaz de hacer superar las antiguas rencillas, tan sólo ha conseguido agravar el enfrentamiento hasta extremos desconocidos e intolerables, ante la inexplicable pasividad de la Unión Europea y la abierta complicidad de Estados Unidos. Ni Israel ha alcanzado la paz y la seguridad añoradas, ni tampoco los palestinos han avanzado en el camino de la edificación del Estado. Es más: muchas personas añoran la etapa previa al proceso de paz y suspiran por la interrupción de unas negociaciones que se han burlado de la legalidad internacional y que, en la actual coyuntura, sólo pueden conducir a una catástrofe aún mayor.

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es editor de los libros ‘Informe del conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta’ (Madrid, 2003) y ‘España y la cuestión palestina’ (Madrid, 2003).

© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2003; © Bakeaz, 2003. Publicado en El Correo, 13 de septiembre de 2003.