Este viernes los iraníes están llamados a elegir un nuevo Parlamento, precisamente en el momento en que se celebra el 25º aniversario de la revolución que derrocó a la monarquía Pahlevi. Un cuarto de siglo de estricto monopolio de la escena política por parte del clero chiíta ha bastado para mostrar las carencias y limitaciones de un sistema –que muchos califican de “dictadura islámica”– con el que no se identifica la mayoría de la población. Debe recordarse que dos tercios de los 65 millones de iraníes nacieron después de 1979 y, por lo tanto, no han conocido más régimen que el islámico. Es este sector el más reacio al gobierno teocrático y es también este sector el que más alto eleva la voz para exigir una mayor apertura hacia el exterior y una profunda revisión de la relación entre el Estado y la religión.
Las elecciones del 20 de febrero no sólo servirán para elegir un nuevo Parlamento, sino también para calibrar el grado de insatisfacción de la población ante el actual ‘impasse’ político. Durante los últimos cuatro años, los iraníes han asistido a una permanente pugna entre el sector conservador, de carácter inmovilista, y el sector reformista, partidario de una evolución aperturista. A pesar de contar con una amplia mayoría en el Parlamento, los reformistas apenas gozan de margen de maniobra, ya que sus decisiones son constantemente cuestionadas por el Consejo de Guardianes y por el propio Guía Supremo, que han vetado en la última legislatura la mayor parte de las iniciativas legislativas (111 de las 295 leyes planteadas).
Esta anacrónica situación, según la cual la mayoría reformista debe plegarse a los designios de la minoría conservadora, tiene su origen en la peculiaridad del sistema político iraní. Tras la revolución islámica de 1979, se instauró un sistema bicéfalo por el cual el poder quedaba repartido entre el Guía Supremo y el presidente de la república, quedando la mayor parte de las prerrogativas de gobierno en el primero, que, en la práctica, disfrutó del monopolio del poder. El problema reside en que éste, al contrario que el presidente, no es elegido por sufragio universal sino por una Asamblea de Expertos con sede en la ciudad sagrada de Qom. Por lo tanto, el actual Guía, Ali Jamenei, tiene una legitimidad esencialmente religiosa, ya que se erige en guardián de la revolución islámica frente al presidente, Mohamed Jatamí, que cuenta con una legitimidad sobre todo política otorgada por sus triunfos electorales en 1997 y 2001.
En la última década el Consejo de Guardianes (institución compuesta por doce jueces, la mitad de ellos clérigos elegidos por el Guía y la otra mitad seleccionados entre los parlamentarios por el Consejo Supremo Judicial) ha dado innumerables muestras de su lealtad hacia el Guía Supremo. Aunque su función teórica es verificar que las leyes parlamentarias sean acordes con el Islam y garantizar que todos los candidatos al Parlamento y a la Presidencia sean musulmanes intachables, en la práctica es un instrumento para frenar los cambios y garantizar la preservación del ‘statu quo’. Una de sus últimas actuaciones ha sido la controvertida anulación de buena parte de las candidaturas (2.530 de las 8.200 presentadas) en las elecciones legislativas: entre los afectados por la decisión se encuentran 80 de los 290 parlamentarios.
Así las cosas, muchos se preguntan si deben celebrarse unas elecciones en estas condiciones. Dada la descalificación de buena parte de los candidatos reformistas, el interés reside ya no en quién será elegido (pocos dudan de que la Cámara tendrá una mayoría conservadora), sino en el índice de participación. En las elecciones del año 2000, en las que se impusieron los reformistas, votó un 83% del censo, lo que se interpretó como un deseo del electorado de modificar el sistema teocrático e impulsar una ‘revolución de la revolución’. Las elecciones de 2004 parece que serán las elecciones del descontento, puesto que, después de cuatro años sin cambios, pocos confían en la posibilidad de imponer una regeneración política desde dentro del sistema teocrático. De hecho, las encuestas pronostican una abstención superior al 60%, porcentaje que, de cumplirse los pronósticos, sería un duro varapalo para los clérigos conservadores, que ganarían el Parlamento pero a costa de distanciarse aún más de la población.
De particular interés en el escenario postelectoral será la actitud del Frente Islámico de Participación, liderado por Reza Jatamí, hermano del actual presidente, que ha encabezado las protestas de los reformistas y ha abanderado el boicot de las elecciones. Una elevada abstención significaría una victoria moral para este grupo, pero a costa de pagar un alto precio, puesto que los conservadores tendrían una mayoría absoluta en el Parlamento y los escasos moderados que han sido admitidos como candidatos (agrupados en la Coalición por Irán) quedarían como una fuerza parlamentaria prácticamente residual. ¿Cuál será la respuesta del sector reformista a lo que no han dudado en tachar de “golpe de estado silencioso”?
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada’ (Madrid, 2001) y editor de ‘Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta’ (Madrid, 2003).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2004; © Bakeaz, 2004. Publicado en El Correo, 20 de febrero de 2004.